El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció públicamente un supuesto intento de golpe de Estado judicial en medio de una investigación que lo vincula a una presunta corrupción política y podría poner en riesgo su inmunidad presidencial.
El mandatario rechazó los señalamientos, describiéndolos como un “montaje”, en medio de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial del país centroamericano. Según informó Reuters, la denuncia surge después de que la Fiscalía recomendara retirarle la inmunidad y abrir una investigación formal por irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral.
Contexto y origen de la acusación
La polémica comenzó cuando la Fiscalía General de Costa Rica solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la protección presidencial de Rodrigo Chaves, al vincularlo a supuestas donaciones irregulares durante la campaña de 2022. De acuerdo con datos de la agencia AFP, la investigación abarca un posible delito de cohecho y financiamiento ilícito, lo que ha agudizado el clima político en San José.
La fiscal general, Emilia Navas, elevó formalmente la recomendación ante los diputados para permitir que Chaves enfrente el debido proceso judicial.

La acusación centra la atención en la existencia de un fideicomiso en favor del entonces candidato, a través del cual llegaron fondos externos sin autorización ni registro. Las autoridades buscan determinar si estas transacciones pretendían obtener favores políticos o contractuales en el gobierno.
En reacción a la solicitud de la Fiscalía, Rodrigo Chaves dio una declaración desde Casa Presidencial transmitida en cadena nacional, donde acusó abiertamente a sectores de la justicia de intentar desplazarlo.
“Este es un montaje judicial para desestabilizar la democracia costarricense”, afirmó Chaves. El presidente defendió la inexistencia de pruebas concretas en su contra y aseguró sentirse respaldado por la ciudadanía.
En la misma línea, advirtió: “No vamos a permitir que un grupo reducido tome el control del país a través de los tribunales y la fiscalía”. También convocó a la población a “defender el sistema democrático ante cualquier intento de manipulación institucional”.
Reacciones institucionales y políticas
La remisión del caso a la Asamblea Legislativa generó impacto inmediato en los distintos poderes públicos. El Poder Judicial defendió la autonomía de sus decisiones y rechazó lo que consideró un ataque a la independencia institucional. Varios diputados pidieron prudencia y el respeto del procedimiento legal previsto, considerando la trascendencia constitucional de un posible levantamiento de inmunidad a un presidente en función.
A nivel internacional, organismos de observación iniciaron el seguimiento del caso. La Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a las autoridades a “garantizar la independencia de los procesos y el respeto al debido proceso”.
Debate sobre la separación de poderes
El pronunciamiento de Chaves y la reacción de sus partidarios abrieron un intenso debate en torno a los límites entre el control judicial y la autonomía ejecutiva. El presidente reafirmó: “Ningún proceso penal puede sustituir la voluntad popular expresada en las urnas”.
De forma paralela, asociaciones de juristas respaldaron el accionar de la Fiscalía y la necesidad de que las investigaciones avancen con independencia.
Sectores de la sociedad civil han manifestado preocupación ante la posibilidad de que el caso termine por generar inestabilidad en las instituciones centrales del país. Por su parte, el mandatario reiteró su confianza en el apoyo social y concluyó: “Pretenden arrebatarme la inmunidad porque saben que no tienen manera de derrotarnos en las urnas”.
Próximos pasos y consecuencias políticas
El avance del caso dependerá de la decisión final de la Asamblea Legislativa. Si los diputados acuerdan retirar la inmunidad, el presidente quedará habilitado para ser imputado ante los tribunales ordinarios. El proceso de desafuero contempla audiencias públicas y etapas de revisión, asegurando el derecho de defensa del mandatario.
(Con información de AFP y Reuters)
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