Uruguay camino a aprobar la reforma legal para intervenir en casamientos con menores de edad

La agenda del Parlamento uruguayo tiene desde hace años en discusión la propuesta de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio de los 16 años a los 18 años. La iniciativa ha sido promovida desde la izquierda, que impulsó un cambio en el Código Civil basado en el riesgo de embarazos no deseados y violencia sexual. El Parlamento, sin embargo, se apresta a aprobar una propuesta alternativa, un punto intermedio entre el régimen actual y esa propuesta.

El análisis de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Parlamento uruguayo revela que prohibir el matrimonio a personas menores de edad no es la alternativa más conveniente, informó este lunes el diario El País. Esta solución implicaría algunas complicaciones legales. En su lugar, por tanto, buscan alternativas judiciales para ofrecer garantías sin la necesidad de elevar la edad mínima.

En los últimos cinco años se celebraron 84 matrimonios en los que uno de los contrayentes era menor, de acuerdo a la información del diario uruguayo. En 82 de los casos, la menor era la mujer. En tres matrimonios, la mujer tenía 16 y los hombres 40, 44 y 78 años, respectivamente.

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, expresó en la comisión parlamentaria que la normativa vigente de Uruguay no cumple con los estándares internacionales y afirmó que las situaciones de matrimonio previa a los 18 años “se asocian, fundamentalmente, con formas de vulneración de los derechos de los adolescentes, ya sean mujeres o varones”.

“Aspiramos a que Uruguay no siga siendo señalado por los organismos de verificación de los estándares de derechos humanos por este tema, aunque sabemos que no es sencillo conseguir los consenso necesarios para legislar”, expresó.

Pero en el Parlamento, en el que ninguno de los bloques tiene mayorías, no hay consenso para aumentar la edad. La senadora del opositor Partido Nacional Graciela Bianchi señaló que las observaciones internacionales no son aplicables al país porque no se configuran situaciones de abuso hacia menores obligadas a casarse. Para la legisladora, esas observaciones son pertinentes para países con “regímenes islámicos” en los que niñas de 12 años están obligadas a casarse con adultos.

Fue entonces que hubo que pensar una propuesta alternativa. El Instituto de Derecho Civil de la universidad estatal propuso establecer “como impedimento dirimente para contraer matrimonio el no tener 18 años cumplidos o, si se tiene 16 años cumplidos, no contar con la autorización judicial”. Esto significa que la edad mínima se mantiene en 16 años, pero al requisito de tener el consentimiento de los padres se le suma la judicialización del caso. La intervención de un juez pasa a ser una condición necesaria para habilitar el casamiento.

El informe elaborado por el instituto señala que no consideran que la suba de la edad para contraer matrimonio “sea el mecanismo idóneo para evitar las consecuencias perjudiciales para niñas o adolescentes, como el embarazo precoz, ya que no se dan exclusivamente dentro del matrimonio”. El estudio técnico alude a otros informes que dan cuenta que las mujeres inician su vida sexual a los 16 años, lo que deriva en que el proyecto no sea la solución para esos problemas.

La comisión parlamentaria que analiza este proyecto de ley tomó en cuenta la postura del instituto y los senadores del oficialismo y la oposición acordaron que la última propuesta es la “más apropiada”. “Lo vamos a cambiar, vamos a poner que el impedimento dirimente sea no contar con la autorización judicial desde los 16 a los 18 años. Es la solución que apoya la comisión”, señaló la senadora del oficialista Frente Amplio Constanza Moreira, una de las impulsoras del cambio.