En Uruguay proponen reformar la ley para aumentar la edad mínima para el matrimonio de los 16 a los 18 años

(Desde Montevideo, Uruguay) - Un proyecto de ley presentado en Uruguay por el opositor Frente Amplio propone elevar la edad requerida para casarse desde los 16 a los 18 años. La reforma legal necesita de una modificación en el Código Civil, que fue cambiado en 2013, y no especifica límites para quienes tengan menos de 18 años si presentan un consentimiento de los padres.

El texto presentado en el Senado deja espacio para que haya algunas excepciones para que los menores de edad se puedan casar siempre que un juez los autorice, tengan motivos fundados y presenten el permiso de los padres, informó La Diaria.

Los impulsores de este cambio en el Código Civil argumentan que genera preocupación las consecuencias que puede tener una unión temprana en la vida de un menor de edad, como los embarazos no deseados, los mayores riesgos a vivir situaciones de violencia sexual y a que exista una transmisión intergeneracional de la pobreza. Otros de los riesgos que los promotores identifican, basados en estudios de Unicef y otros organismos internacionales, es la alta tendencia a la deserción escolar que redunda en una pérdida de la autonomía económica.

El proyecto de ley se comenzó a tratar en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado. La legisladora frenteamplista Silvia Nane recordó que una de las pautas de la Convención sobre los Derechos del Niño es que la edad mínima para contraer matrimonio sea los 18 años.

Esta modificación de la normativa fue sugerida por el comité que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La recomendación decía: “Modifique el Código Civil para eliminar toda excepción a la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, tanto para las mujeres como para los hombres”.

Fatima Singhateh, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Venta, Explotación Sexual y Abuso Sexual Infantil, recomendó “fuertemente” que se respalde esta “reforma legal” impulsada por la izquierda uruguaya.

Su sugerencia se dio luego de una visita a Uruguay a mediados de mayo, cuando también recordó que el 25% de las mujeres jóvenes contrajo matrimonio antes de los 18 años en Uruguay, según los datos de Unicef. Este comportamiento, indicó, impacta en la “salud sexual y reproductiva” de las menores, así como también en su “bienestar en general”.

La propuesta, sin embargo, ha tenido objeciones de parte de algunos legisladores del oficialismo. El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, fue el primero en cuestionarla afirmando que el proyecto de ley se inscribe en una “concepción ideológica” que pretende “contrariar la naturaleza del ser humano”.

“Los seres humanos adquieren su madurez sexual a determinada edad y a partir de ahí pueden procrear. Yo no soy partidario del matrimonio temprano y pienso que, como todas las cosas, lo deseable es tener cierta experiencia de vida, pero debo decir que este proyecto de ley es absolutamente antinatural, porque no podemos prohibir el concubinato”, opinó Domenech, integrante del partido más a la derecha de los cinco que integran la coalición de gobierno.

El senador consideró un “absurdo mayúsculo” que se prohíba el matrimonio y no el concubinato, algo que reconoció como “imposible de prohibir”.

La comisión que analiza el texto del senado recibió este lunes al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, que se mostró a favor de la propuesta. La coordinadora de la organización, Ana Lima, declaró al diario uruguayo que este aumento de la edad es una “deuda pendiente” del país.

Lima aprovechó la ocasión para criticar que el Código Civil uruguayo tiene disposiciones que son “discriminatorias”, como algunos artículos que mantienen una distinción entre “hijos naturales” e “hijos legítimos” cuando, en los hechos, tiene los mismos derechos.

Otro de los artículos de la normativa uruguaya que, para Lima, revela una “pauta patriarcal” es el que exige que las mujeres viudas o divorciadas tengan que esperar 301 días para volver a contraer matrimonio.