El desafío de Ecuador frente a la crisis institucional y la violencia: el largo camino por la transparencia

Ecuador enfrenta una crisis multidimensional marcada por el aumento de la violencia, la corrupción sistémica y la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones. Ante este escenario, expertos de distintas disciplinas y regiones coinciden en que no existe una solución inmediata y que el país debe fortalecer sus instituciones públicas a través de la transparencia y la rendición de cuentas si quiere encarar con eficacia sus problemas más urgentes.

El auge del crimen organizado, particularmente alimentado por el narcotráfico y la minería ilegal, ha erosionado la estructura institucional del Estado y ha puesto en entredicho la legitimidad de sus autoridades. Julia Yansura, directora del programa contra delitos ambientales y finanzas ilícitas de la Coalición FACT, advirtió que “tenemos instituciones debilitadas por la corrupción que no necesariamente han podido como recuperar, recontratar, seguir adelante y sí, son muy golpeadas”. En su análisis, destaca cómo la crisis institucional derivada de casos como Metástasis y Purga ha dejado al país sin herramientas efectivas para investigar, sancionar o frenar a los grupos criminales que ahora controlan territorios enteros.

Desde Washington, durante un programa organizado por la Media for Democracy Foundation en el que Infobae participó, John Walsh, director para los Andes de WOLA, reconoció que “la institucionalidad democrática es demasiado corrupta, demasiado lenta, que realmente no responde”, y advirtió sobre el riesgo de que esa ineficiencia abra paso a salidas autoritarias. “El gran riesgo y el atractivo también es poner al lado por temporadas las protecciones de la democracia y el Estado de derecho para hacer lo que necesita hacerse”, señaló. Esa renuncia temporal a los principios institucionales podría conducir, según Walsh, a un modelo que “disminuye bastante las posibilidades de transparencia y rendición de cuentas”.

Frente a este panorama, la solución no pasa solo por más presencia militar o reformas legales reactivas. La propia Yansura explicó que muchos gobiernos, como el ecuatoriano, recurren a respuestas armadas porque “los procesos largos de educación, salud, etcétera, toman más que un periodo presidencial”. Sin embargo, insistió en que “el Estado no es solo presencia de militares. El Estado es presencia de oportunidades, de escuelas, de hospitales, de un Estado positivo, preventivo”.

Parte esencial de ese Estado positivo es el fortalecimiento de las instituciones encargadas de fiscalizar, investigar y sancionar delitos. Yansura subrayó que organismos como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el SRI o la Contraloría necesitan recursos y personal capacitado para cumplir sus funciones de control. “La UAFE tiene un papel de vital importancia en la lucha contra el lavado de activos”, afirmó. Sin embargo, advirtió que por sí sola no puede hacer frente al problema: “hay otras instituciones de gobierno que participan en el sistema antilavado”. Por eso, insistió en la necesidad de “una respuesta coordinada entre instituciones, que incluya a la inteligencia financiera, la fiscalía, la superintendencia de compañías y también al sector privado”.

Una herramienta clave para fortalecer la transparencia, según Yansura, es la implementación efectiva de políticas de beneficiarios finales: registros públicos que permitan conocer quiénes están detrás de las empresas, en particular aquellas que exportan oro. “Si tú no sabes a quién pertenece la empresa, estás ciego respondiendo a esa crisis”, dijo. Esta política, que forma parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), permitiría identificar vínculos entre compañías de fachada, narcotráfico y funcionarios corruptos.

Pero no solo se requiere acceso a datos, sino también capacidad para usarlos. “En Ecuador tienen diferentes bases de datos ya disponibles con esta información”, explicó Yansura, mencionando como ejemplo a la Superintendencia de Compañías, el SRI y el Servicio Nacional de Contratación Pública. La pregunta clave, dijo, es si las autoridades están utilizando esos datos para avanzar en investigaciones contra la minería ilegal.

El caso ecuatoriano, para los expertos, representa una tormenta perfecta. “Hay una combinación de factores”, dijo Yansura, “como la violencia transfronteriza, el crecimiento del precio del oro que enriquece a los grupos criminales, y los vacíos institucionales agravados por la pandemia”. A ello se suma la dolarización, que convierte al país en un destino atractivo para lavar dinero. “Ecuador, por ser un país dolarizado, siempre ha tenido retos importantes con lavado de activos”, añadió.

Aunque la gravedad de la crisis ha llevado al gobierno a aprobar leyes como la de economías criminales, Yansura fue clara al señalar que “no todo se resuelve con leyes”. En su opinión, muchas veces los proyectos legales son improvisados y no abordan las verdaderas causas del problema.

Desde otro enfoque, el director de tecnología del gobierno de Washington D. C., Steven Miller, recalcó que sin transparencia no puede haber confianza pública. Aunque se refería al uso ético de inteligencia artificial, su reflexión aplica también al contexto institucional ecuatoriano: “Si no soy transparente, no hay razón para que nadie confíe en mí”.

Lo que los expertos advierten es que sin instituciones sólidas, transparentes y con capacidad de rendir cuentas, no habrá solución sostenible para los problemas más urgentes de Ecuador. El control del crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza pública solo serán posibles si se apuesta por el largo plazo: reconstruir el Estado desde sus cimientos.