
Un dossier publicado por Cuba Siglo 21, titulado “¡Transparencia!: los estudiantes cubanos contra el estado mafioso”, expone la esencia que subyace al actual conflicto estudiantil que se ha esparcido por universidades a lo largo de la isla.
Lo que comenzó siendo un conflicto económico entre una empresa y sus clientes, ha adquirido, sin proponérselo sus protagonistas, una esencia eminentemente política con esa exigencia.
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La demanda por transparencia, de ser satisfecha, pondría al desnudo el modelo de explotación privatizada de los recursos nacionales que la elite de poder cubana ha construido –a espaldas de toda auditoría– en las últimas décadas.
El informe denuncia con contundencia a ETECSA, la empresa monopolio de telecomunicaciones de Cuba, como uno de los mecanismos explotadores de la maquinaria del conglomerado militar GAESA.
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El incremento de las tarifas ha provocado un profundo malestar político dentro y fuera de la isla, expresado públicamente por el estallido de protestas estudiantiles que se han multiplicado en universidades cubanas demandando que se revoquen, así como exigiendo justicia económica y el derecho de la ciudadanía a acceder las cuentas de esta institución.

Según el informe, ETECSA no carece de recursos por ineficiencia o por bloqueo externo, sino por la voracidad de GAESA, su verdadero accionista mayoritario, que desvía los multimillonarios ingresos de esa empresa —procedentes principalmente del exilio cubano— para subsidiar la infraestructura de vigilancia del estado represivo y financiar inversiones turísticas fuera del control ciudadano.
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“ETECSA no es una empresa estatal socialista del pueblo cubano, como proclama el discurso oficial. Es un monopolio operado por una élite mafiosa que usa sus ingresos con absoluta impunidad”, señala Emilio Morales, autor del dossier.
La ironía histórica no puede ser más punzante: en 1960, Fidel Castro justificó la nacionalización de la Cuban Telephone and Telegraph Company como un acto de soberanía popular contra ese monopolio extranjero de la ITT, cuando hoy, seis décadas después, el pueblo cubano sigue explotado por otro monopolio —GAESA— cuyos verdaderos propietarios permanecen ocultos tras una red de “sociedades anónimas” registradas en paraísos fiscales.
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Las recientes tarifas impuestas por ETECSA, que han provocado protestas en todo el país, no fueron una decisión de sus directivos, sino una imposición directa de GAESA, motivada por la caída de sus ingresos en otras áreas como el turismo y las remesas.
Se trata, asegura el informe, de una medida diseñada para exprimir aún más a la población y a la diáspora cubana, que sostiene desde el exterior los servicios básicos de comunicación dentro de la isla.
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La investigación reveló también que ETECSA subsidia gratuitamente miles de líneas telefónicas de instituciones del aparato represivo (MININT, FAR, PCC, etc.), usando como fuente de financiamiento las recargas telefónicas pagadas por emigrados. La ciudadanía paga no solo por su derecho a comunicarse, sino también por los instrumentos que permiten al estado totalitario ejercer su vigilancia sobre aquella.
El informe culmina con una advertencia clara: los estudiantes han encendido una chispa que no podrá apagarse fácilmente. Lo que comenzó como una protesta contra una tarifa abusiva ha evolucionado hacia una creciente toma de conciencia nacional sobre el carácter mafioso del poder económico real en Cuba. “El escenario ha cambiado para siempre. Hoy, los cubanos comprenden que no viven bajo un simple sistema autoritario, sino bajo una oligarquía que se enriquece a costa de su pobreza. Eso, casi con certeza, tendrá consecuencias”.
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En este contexto, la exigencia de transparencia se vuelve un acto profundamente subversivo. No se trata solo de abrir las cuentas de ETECSA al escrutinio público, sino de desenmascarar a todo el sistema empresarial bajo control de GAESA, que opera sin auditoría, sin control institucional y sin responsabilidad ante el pueblo. El informe incluye un listado de las decenas de empresas asociadas o vinculadas de diferentes maneras a GAESA.
“Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre”, concluye el informe, apelando a una ciudadanía que despierta al calor de estas protestas estudiantiles no solo para exigir el acceso a la información económica y financiera de GAESA que el Estado rehúsa auditar, sino para reafirmar su derecho a recuperar el control de los recursos nacionales de los que se ha venido apropiando y que legítimamente le pertenecen.
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