La Ley Orgánica de Inteligencia de Ecuador entró en vigor este miércoles tras su publicación en el Registro Oficial, luego de haber sido aprobada el martes por el pleno de la Asamblea Nacional con 77 votos a favor, suficientes para su adopción. La normativa crea el Sistema Nacional de Inteligencia y ha sido rechazada por sectores de la oposición, que advierten sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa impulsó la ley en el contexto de su estrategia de seguridad, con la que busca desmantelar organizaciones criminales que operan en el país. Desde enero, Noboa declaró un estado de “conflicto armado interno” en respuesta a una ola de violencia que colocó a Ecuador entre los países con mayor tasa de homicidios de la región.
Uno de los aspectos más cuestionados de la ley es la facultad que otorga a las oficinas de inteligencia para solicitar a las empresas de telecomunicaciones el acceso a información de los ciudadanos. Esto incluye datos históricos y en tiempo real de comunicaciones, conexiones, ubicación de terminales y cualquier otro dato que facilite la identificación y localización de personas.
La norma establece que estos requerimientos deben observar los principios de necesidad y proporcionalidad, y que no deben aplicarse de forma arbitraria.
Actualmente, la normativa contempla que las escuchas telefónicas requieran una orden judicial, aunque esto deberá especificarse en el reglamento de aplicación que aún no ha sido emitido.
Otro punto de tensión es la legalización del uso de identidades ficticias por parte de agentes de inteligencia. La ley especifica que los operadores del sistema podrán utilizar nombres falsos en el ejercicio de sus funciones sin que eso implique sanciones legales.
El Sistema Nacional de Inteligencia estará compuesto por siete subsistemas que abarcarán las áreas policial, militar, financiera, presidencial, tributaria, aduanera y penitenciaria. Todos estarán coordinados por una entidad rectora, que también tendrá la capacidad de emitir normativas internas para regular sus actividades.
Además, el sistema dispondrá de una partida de “gastos especiales” con carácter reservado, exenta de impuestos y de las normas de contratación pública. Solo podrá ser auditada por la Contraloría General del Estado, conforme a procedimientos que deben definirse en el reglamento de la ley.
El Ejecutivo defendió la aprobación de la ley como un paso necesario en el fortalecimiento del aparato estatal frente al crimen organizado. El respaldo legislativo provino de bancadas afines al Gobierno y de parte del movimiento Pachakutik, así como de varios legisladores independientes.
La implementación de esta ley ocurre en un contexto de emergencia nacional por seguridad. Según datos oficiales, Ecuador registró más de 8.000 homicidios en 2023, y las autoridades han señalado a organizaciones narcotraficantes como principales responsables del aumento en la violencia.
(Con información de EFE)
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