La aprobación de la primera ley de Noboa expuso la fractura del correísmo

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el 7 de junio de 2025, con 84 votos afirmativos, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, primera norma impulsada por el presidente Daniel Noboa bajo carácter de urgencia económica. Esta ley busca fortalecer el combate al crimen organizado a través de incentivos fiscales para el sector privado, atención a víctimas, prevención del reclutamiento de menores por grupos criminales y reactivación de zonas afectadas por la violencia. Sin embargo, su aprobación también evidenció una fractura interna en el correísmo, cuyas fisuras comienzan a emerger con claridad en el nuevo periodo legislativo.

Según reportó Primicias, la bancada de la Revolución Ciudadana —que en el Pleno se identifica como Bancada Ciudadana— no logró unificarse en su postura frente a la ley. Mientras 44 de sus legisladores votaron en contra, otros 10 se abstuvieron. Este grupo, liderado por el asambleísta Raúl Chávez, prefirió no alinearse con el rechazo frontal del correísmo y, con ello, marcó distancia de la postura oficial del movimiento que sigue siendo dirigido desde Bélgica por el ex presidente Rafael Correa.

La Ley de Solidaridad Nacional fue presentada por el Ejecutivo el 17 de mayo, en medio de un contexto marcado por la escalada de violencia y la creciente capacidad operativa de las bandas criminales. Según datos citados en el informe de segundo debate, más del 60% de los miembros de estas organizaciones son menores de edad. Además, la criminalidad organizada ha capturado territorios estratégicos del país y se ha financiado mediante extorsiones, conocidas como “vacunas”, lo que debilita al Estado y a su capacidad de respuesta.

El proyecto de ley contempla que el sector privado pueda hacer aportes económicos deducibles del impuesto a la renta para financiar el fortalecimiento de las fuerzas del orden y programas sociales orientados a reducir la violencia. El modelo se inspira en experiencias de países como Colombia y El Salvador, donde se implementaron contribuciones especiales a empresas para reforzar la seguridad ciudadana.

El texto fue calificado como urgente en materia económica, lo que obligó a la Asamblea a tramitarlo en un plazo máximo de 30 días. El informe fue debatido y aprobado en tiempo récord, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 140 de la Constitución, que permite al Presidente enviar proyectos de esta categoría cuando existe necesidad de una respuesta rápida ante una situación económica adversa. En este caso, el Gobierno justificó la urgencia en la necesidad de recursos inmediatos para enfrentar el conflicto armado interno provocado por el narcotráfico y sus estructuras financieras.

En términos formales, la creación de leyes en Ecuador sigue un proceso compuesto por varias etapas: presentación del proyecto, calificación por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), asignación a una comisión especializada para su socialización, elaboración del informe para primer y segundo debate, y finalmente la votación en el Pleno. Si se aprueba, el proyecto pasa al Ejecutivo, que puede sancionarlo u objetarlo. En caso de tratarse de una ley con carácter urgente —como en este caso—, si la Asamblea no resuelve dentro del plazo legal, el presidente puede promulgarla mediante decreto ley. No obstante, la ley debe aprobar un control a cargo de la Corte Constitucional. Algunos expertos sugieren que el alto tribunal no permitirá que la ley entre en vigencia pues contradice dictámenes previos e incluso a la propia constitución.

La aprobación de esta ley no solo es una victoria política para Noboa, sino que también ha dejado al descubierto las grietas en la que fue, hasta ahora, la bancada opositora más sólida. La fractura interna del correísmo y la apertura de algunos de sus integrantes a colaborar con el oficialismo podrían marcar el rumbo de futuras votaciones clave en la Asamblea Nacional.