El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró que Guatemala es “responsable” de obligar a niñas y menores de edad a continuar con embarazos producto de violaciones, una práctica que el comité califica de “vulneración del derecho a una vida digna y a la autonomía reproductiva”. Según el comunicado difundido este jueves, estas acciones constituyen una forma de “tortura” al forzar a las menores a “asumir responsabilidades en circunstancias coercitivas”.
La declaración del comité surge tras examinar el caso de una niña de 14 años, víctima de violaciones múltiples y obligada a seguir con su embarazo pese a su rechazo. Hélène Tigroudja, miembro del comité, expresó que este es el cuarto caso similar que revisan en la región.
Tigroudja subrayó que “ninguna niña debería ser obligada a llevar en su vientre al hijo de su violador”, destacando que tal situación le arrebata dignidad y derechos fundamentales. Esto “no es solo una violación de su autonomía sino también un acto de profunda crueldad”, afirmó.
La víctima fue violada repetidamente por un ex director de una guardería pública al que conocía desde pequeña. Las violaciones tuvieron lugar una vez que abandonó el centro, mientras que su agresor seguía manteniendo contacto con su familia.
El agresor, tras las denuncias, intentó sobornarla y lanzó amenazas, logrando “evadir la justicia” debido a un proceso judicial que se prolongó por nueve años. El comité denuncia que el Estado parte “no investigó adecuadamente la violación ni tomó medidas efectivas para procesar al imputado. Desde entonces, ella ha sido estigmatizada como una niña que inició su vida sexual a temprana edad”.
Guatemala es uno de los países de América Latina con las tasas más altas tasas de maternidad forzada y de impunidad sistemática en casos de violencia sexual. Aunque el Código Penal permite el aborto en situaciones específicas para proteger la vida de la madre, el acceso a abortos legales es prácticamente imposible.
La niña, pese a los riesgos previsibles de un embarazo y un parto a su corta edad, tuvo que completar el embarazo. “Tras un parto traumático y casi fatal, también se vio obligada a amamantar a su hijo a pesar de su deseo expreso de no verlo ni de participar en su cuidado”, subrayó el documento.
Conclusiones del Comité
El comité concluye que Guatemala “violó los derechos de la menor”, incluido el derecho a la vida, que implica “el derecho a vivir con dignidad”.
“El silencio y la inacción del Estado no son neutrales; no solo constituyen violaciones por omisión sino que también son factores de revictimización. Forzar la maternidad sobre una niña de esta forma es una grave violación de los Derechos Humanos”, denunció Tigroudja.
“Además del trauma de las violaciones, del embarazo y de la maternidad forzada, sufrió un alto nivel de angustia causado por una combinación de actos y omisiones atribuibles al Estado parte”, aseguró. Para el comité, este caso refleja una cuestión de género y clase, dos cuestiones que “interactúan para silenciar a los más vulnerables”.
El organismo llamó al estado guatemalteco a implementar un sistema de registro y supervisión de casos de violación sexual y maternidad forzada, avanzar hacia su erradicación, y tomar medidas para reparar el daño.
Finalmente, instaron a Guatemala a reconocer públicamente su responsabilidad y asegurar acceso a educación y atención psicológica para el niño nacido de la violación.
(Con información de Europa Press)
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