Bases militares extranjeras en Ecuador: se aprobó la reforma y allanó el camino a un referéndum

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución que habilitaría la instalación de bases militares extranjeras en el país, con el objetivo de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La iniciativa obtuvo 82 votos afirmativos durante su segundo debate en el pleno legislativo, lo que permite dar el siguiente paso en el proceso: el envío del texto a la Corte Constitucional.

De acuerdo con el artículo 442 de la Constitución ecuatoriana, una vez que la Corte emita su dictamen favorable, el proyecto deberá ser notificado al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá un plazo de 45 días para convocar a un referéndum. La reforma entrará en vigor únicamente si obtiene la aprobación de la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos por la ciudadanía.

Según la información publicada por la Asamblea Nacional, la propuesta busca fortalecer las capacidades operativas del Estado mediante la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y la transferencia tecnológica.

La legisladora ponente del informe, Nataly Morillo, señaló que esta reforma permitirá enfrentar con mayor eficacia amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y la violencia generada por estos delitos. “El Estado ecuatoriano dará un paso importante en su lucha contra el crimen organizado transnacional”, afirmó.

El debate en el pleno evidenció el respaldo mayoritario a la reforma, con varias intervenciones que insistieron en la necesidad de combatir a los “ejércitos criminales” que operan en el país con armamento de guerra, financiamiento transnacional y redes que cruzan fronteras.

Se recordó también el antecedente de la base militar de Manta, operada por Estados Unidos entre 1999 y 2009, durante la cual —según datos presentados por los legisladores— las incautaciones de cocaína habrían aumentado en un 498% .

No obstante, también hubo voces críticas. La legisladora Nuria Butiñá advirtió que abrir la puerta a bases extranjeras puede tener consecuencias a largo plazo sobre la soberanía del país. En su intervención señaló que “decisiones políticas coyunturales podrían comprometer de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado”.

La reforma fue presentada por el presidente Daniel Noboa el 17 de octubre de 2024, como parte de su agenda de seguridad nacional. Fue analizada por una comisión ocasional especializada y cuenta ya con un dictamen previo de la Corte Constitucional que permitió su tramitación en la Asamblea Nacional. Sin embargo, este dictamen no equivale aún a la aprobación final que exige el procedimiento antes de su consulta popular.

El artículo 5 de la actual Constitución prohíbe expresamente el establecimiento de bases extranjeras en territorio nacional o la entrega de instalaciones militares a fuerzas extranjeras. Este principio fue introducido durante la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008, en el contexto de la decisión del entonces presidente Rafael Correa de no renovar el acuerdo con Estados Unidos para el uso de la Base Aérea de Manta.

La salida de los militares estadounidenses se concretó en 2009.

Los defensores de la reforma actual sostienen que el escenario ha cambiado y que el crimen organizado plantea amenazas inéditas para el Estado ecuatoriano, que requerirían cooperación internacional más intensa, incluyendo la eventual presencia física de fuerzas extranjeras.

Si el referéndum es convocado y aprobado por la ciudadanía, el país estaría reformando un principio constitucional que ha marcado su política exterior y de defensa en los últimos 15 años. La campaña por el “sí” y el “no” abriría, además, un nuevo frente de debate, con implicaciones tanto para la seguridad como para la política interna.