El Gobierno de Ecuador emitió una alerta oficial en la que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Venezuela. La advertencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se basa en el “grave riesgo de detenciones arbitrarias” y en la “falta de garantías para el debido proceso y el derecho a la defensa”, según expresa el comunicado difundido por la Cancillería ecuatoriana.
La medida ecuatoriana se produce en un contexto regional cada vez más alarmante sobre la situación de los derechos humanos y la seguridad jurídica en Venezuela.
Ecuador recuerda que, desde octubre de 2024, el régimen de Nicolás Maduro solicitó unilateralmente el retiro del personal consular ecuatoriano, lo que ha dejado sin capacidad de respuesta diplomática al país andino frente a casos que involucren a sus ciudadanos en territorio venezolano. Esta situación se ha agravado, según Quito, por la negativa de las autoridades venezolanas a proporcionar información sobre ecuatorianos detenidos, lo que impide cualquier tipo de asistencia consular.
La advertencia ecuatoriana coincide con la actualización de una alerta de viaje similar emitida el mismo día por Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano ha clasificado a Venezuela como un destino de “Nivel 4: no viajar”, el nivel más alto de advertencia para sus ciudadanos.
En su nota oficial, el gobierno estadounidense cita riesgos como detención indebida, tortura, terrorismo, secuestros, disturbios civiles, violencia generalizada y un sistema de justicia arbitrario. “Actualmente hay más ciudadanos estadounidenses detenidos indebidamente en Venezuela que en cualquier otro país”, advierte el documento oficial estadounidense del 27 de mayo de 2025.
Ambos países coinciden en señalar la falta de garantías mínimas en el sistema judicial venezolano, así como la imposibilidad de brindar asistencia consular. En el caso de Estados Unidos, la embajada en Caracas fue cerrada en 2019, y desde entonces los ciudadanos de ese país carecen de representación oficial en territorio venezolano.
De acuerdo con el Departamento de Estado, las fuerzas de seguridad venezolanas han llegado a detener a ciudadanos estadounidenses “durante períodos de hasta cinco años”, sin respeto al debido proceso y bajo condiciones que incluyen tortura, incomunicación e impedimento de asistencia legal.
Aunque Ecuador mantiene una postura menos beligerante que Washington frente al régimen de Maduro, la alerta emitida marca un punto de inflexión en su política exterior hacia Venezuela. En los últimos años, la relación bilateral se había mantenido en términos diplomáticos mínimos, pero sin un llamado tan explícito como el actual a evitar viajar al país sudamericano.
Según informes de organismos de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, en Venezuela persiste una estructura de represión institucionalizada que incluye la criminalización de la disidencia, el uso de tribunales militares contra civiles y prácticas sistemáticas de tortura documentadas por la ONU. A esto se suma el colapso del sistema sanitario, la escasez de medicamentos y una inflación de tres cifras que ha empujado al éxodo a más de siete millones de personas en la última década, según datos de ACNUR.
La Cancillería ecuatoriana exhortó a sus ciudadanos a mantenerse informados a través de canales oficiales y reiteró su compromiso con la protección de los derechos y el bienestar de los ecuatorianos en el exterior. Sin representación consular en Venezuela, las capacidades del gobierno para atender casos urgentes son prácticamente nulas.
La decisión también plantea desafíos para los miles de ecuatorianos que residen o viajan regularmente a Venezuela por razones familiares, laborales o humanitarias.
Aunque no se ha especificado cuántos ecuatorianos permanecen actualmente en Venezuela, el llamado del gobierno se suma a una serie de decisiones similares tomadas por países como Canadá, Reino Unido y Alemania en los últimos años. El aislamiento diplomático de Caracas, intensificado tras las elecciones consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional, sigue ampliándose.
La recomendación, sin ser una prohibición legal, funciona como un llamado de alerta que busca preservar la seguridad de sus ciudadanos frente a un entorno donde el derecho internacional y las garantías individuales parecen haberse desvanecido.
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