El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este miércoles la “desaparición forzada” del activista Eduardo Torres, detenido recientemente, según confirmó la Fiscalía venezolana. Provea alertó que, tras tres días de desconocer su paradero, no se ha proporcionado información sobre su ubicación ni estado de salud.
En el comunicado, Provea declaró que “aunque se haya reconocido la detención, reafirmamos que Torres se encuentra en desaparición forzada, toda vez que sus familiares y abogados de confianza no han podido constatar su paradero y condiciones de salud conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Constitución”.
Según Provea, la falta de información constituye una “abierta aceptación de la comisión del delito de desaparición forzada” en el caso de Eduardo Torres, quien, debido a su situación, enfrenta “un riesgo significativo para su integridad física y mental”.
El fiscal Tarek William Saab confirmó la detención de Torres por presunta vinculación con un complot para “generar violencia” en las elecciones regionales del 25 de mayo, mediante una publicación en la cuenta del Ministerio Público en Instagram.
La organización reprocha a la Fiscalía venezolana por no esclarecer detalles tales como “la fecha, hora, lugar ni cuerpo seguridad que ejecutó la detención”. Además, no se notificó la existencia de una orden de aprehensión ni se indicó qué fiscalía se encargaría del caso.
El fiscal general afirmó que Torres “fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa”. Provea subrayó que, pese a las afirmaciones de Saab, “es imposible tener certeza sobre el cumplimiento de estos lapsos, aunado a que no se ha permitido un abogado de confianza”.
Este martes, Provea había pedido al Estado venezolano “revelar inmediatamente la suerte y el paradero” de Torres, de quien, según denunció la organización el domingo, “se tuvo noticias por última vez el viernes”, cuando “avisó que iba a su casa, en Caracas”.
Organizaciones internacionales, como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, también se han pronunciado sobre el caso. Desde Ginebra, la portavoz Liz Throssell afirmó que las detenciones y desapariciones forzadas se mantienen en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
En sus declaraciones, Throssell citó de forma particular la situación de Torres, y confirmó haber verificado “la muerte de al menos tres críticos del gobierno desde julio de 2024″, instando a que estos casos sean investigados de manera exhaustiva.
(Con información de EFE)
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