
Brasil defendió este viernes su decisión de otorgar asilo a la ex primera dama de Perú Nadine Heredia -condenada en su país a 15 años de cárcel- por lo que consideró motivos humanitarios.
Heredia y su esposo, el ex presidente Ollanta Humala, fueron hallados culpables, días atrás, de lavado de dinero y, por consiguiente, se les impuso una pena tras las rejas de 15 años.
Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que Heredia había sido recientemente sometida a una operación de columna vertebral, que requería un entorno apropiado para transitar su recuperación, a la par que su hijo menor estaba ante un posible caso de “abandono” y “desprotección” en Perú, en caso de formalizarse el arresto de ambos de sus padres.

Es por ello que, tras haber ingresado en su sede diplomática en Lima, la Cancillería definió basarse “en la Convención de Ginebra y en la legislación brasileña” para dar lugar a su requerimiento por razones “humanitarias”.
Asimismo, el canciller, Mauro Vieira, explicó que su salida del país se dio a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, algo que -si bien fue criticado por un sector de la sociedad-, a su entender, fue la “única manera de retirarla a ella y a su hijo con seguridad y rapidez” de Perú, una vez alcanzado “el acuerdo” con el Gobierno.
Este miércoles, Heredia y su hijo menor llegaron a Brasil en lo que varias ONGs denunciaron como un intento por evadir la pena que le fue impuesta por haber recibido, junto a su esposo, cerca de USD 3 millones de manera ilegal para campañas presidenciales en 2006 y 2011, por parte de Odebrecht y del entonces Gobierno venezolano de Hugo Chávez.

Pese a que los abogados de la ex Primera Dama dijeron que la sentencia era “absurda y absolutamente cuestionable”, y adelantaron que iban a apelarla, lo cierto es que, de no haberse refugiado en la Embajada brasileña en la capital, habría seguido el mismo destino que Humala, quien permaneció en la corte durante la totalidad de la lectura de la sentencia y fue trasladado a prisión.
Es por ello que organizaciones como Transparencia Internacional y la derecha brasileña, liderada por Jair Bolsonaro, denunciaron que se trata de una maniobra política entre aliados e, inclusive, repudiaron que la Corte Suprema de Brasilia anulara algunas de las pruebas utilizadas en Perú para condenar al matrimonio, por considerar que no habían sido obtenidas conforme lo establece la ley.
A la par, en el país andino, el penalista Jhonatan Correa advirtió que la aplicación de la Convención en este caso, tal como defiende Vieria, fue errónea ya que "no es lícito conceder asilo a personas que, al tiempo de solicitarlo, se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”.
(Con información de EFE)
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