La Corte Suprema de Brasil votó a favor de enviar a juicio a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
El ex presidente y otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por la Fiscalía por “abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio”.
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El primero en votar fue el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes; y luego lo hicieron los ministros de la Corte Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin. La votación fue unánime.
La fiscalía sostiene que el ex jefe de Estado, de 70 años, lideró una organización criminal que buscó impedir la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones en 2022.
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Bolsonaro, que podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión, no compareció este miércoles en la sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, contrariamente a la víspera, en el primer día de deliberaciones.
En un país todavía marcado por la memoria de la última dictadura militar (1964-1985), un juicio contra el ex presidente, quien se ha declarado nostálgico de ese periodo, será histórico.
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El presunto plan contemplaba medidas como la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa” e incluso el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, según la fiscalía.
El complot no se habría consumado por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército.
La investigación vincula también directamente a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
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El líder de la oposición brasileña y uno de los referentes de la actual ola mundial de extrema derecha clama su inocencia y se declara un “perseguido”.
Persecución política versus plan golpista
Durante el primer día de deliberaciones, Bolsonaro mantuvo un semblante serio, sentado en primera fila.
“Se trata de la mayor persecución político-judicial de la historia de Brasil, motivada por (...) claros intereses políticos de impedir que participe y gane las elecciones presidenciales de 2026”, escribió en una declaración.
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El ex presidente, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, aspira a competir en los próximos comicios a pesar de estar inhabilitado políticamente hasta 2030.
El fiscal general, Paulo Gonet, resumió el martes que el objetivo de la conspiración era “generar acciones que garantizaran su continuidad en el poder, independientemente de los resultados de las elecciones”, en las que perdió ante Lula.
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“Contra el ex presidente no se halló absolutamente nada”, afirmó por su parte el abogado de Bolsonaro, Celso Sanchez Vilardi.
La defensa del líder ultraderechista intentó sin éxito apartar a tres jueces del caso, incluido Moraes.
El poderoso juez, blanco del supuesto plan de asesinato y al frente de varias causas contra el ex presidente, fue cuestionado por tener “interés personal” en el caso.
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Con la mira en 2026
Bolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, pero él confía en que su pena sea revertida o reducida.
“Por el momento, soy candidato”, declaró días atrás, al resistirse a respaldar a otra figura de su espacio político.
Compara su situación con la de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca a pesar de sus problemas judiciales, y espera que el presidente estadounidense ejerza “influencia” a su favor.
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La incertidumbre sobre su futuro judicial y político ocurre mientras el izquierdista Lula, de 79 años, se muestra ambiguo sobre sus intenciones de aspirar a la reelección, en medio de una caída de su popularidad.
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