Adelantos al sindicato y estadías a militantes: los motivos por los que un intendente uruguayo fue imputado

El teatro 28 de Febrero es un edificio patrimonial de la capital del departamento de Soriano, Mercedes. Esta ciudad está ubicada a 275 kilómetros de Montevideo y es una de las localidades limítrofes con Argentina. En mayo de 2021, esa construcción histórica se prendió fuego y, con el paso del tiempo, se sabría que el incendio fue intencional. En el primer piso del teatro funcionaba una oficina de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), el sindicato de trabajadores de la intendencia.

El presidente de Adeom, Martín Herling, estaba siendo cuestionado y algunos funcionarios de la intendencia de ese departamento querían que rindiera cuentas. Pero para ocultar pruebas, dirigentes sindicales prendieron fuego el edificio.

La investigación judicial de este episodio incluyó intervenciones de los teléfonos que derivaron en una causa mayor, que actualmente tiene al menos 35 personas imputadas y llegó al ex intendente del departamento Guillermo Besozzi. Este dirigente político –un caudillo de la zona– había renunciado a su cargo para dedicarse a la campaña por la reelección.

El jueves pasado, el ex intendente de Soriano fue sorprendido en su casa cuando llegó la policía a detenerlo. El dirigente político, que pertenece al Partido Nacional, fue trasladado y sobre la medianoche fue imputado por la Justicia por varios delitos: peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. Como medida cautelar, Besozzi deberá estar en prisión preventiva con tobillera electrónica durante 180 días, mientras avanza la investigación.

De las conversaciones telefónicas escuchadas por la fiscal se desprende que hubo maniobras para financiar al gremio de funcionarios, irregularidades en el otorgamiento de libretas de conducir, ocultamiento de sobrefacturación, hospedaje para militantes, contrataciones, materiales y obra pública para votantes del Partido Nacional, enumeró La Diaria.

La primera escucha telefónica que presentó la fiscal Stella Alciaturi fue interceptada el 18 de junio de 2021, apenas un mes después del incendio del teatro 28 de febrero. En la charla, el presidente de Adeom le pide a Besozzi un adelanto de 150 mil pesos uruguayos (unos USD 3.500) del dinero que la intendencia retiene del sindicato. El intendente le dice que ya le lleva adelantados unos 600 mil pesos uruguayos, pero le asegura que se solucionará el problema.

De otra de las conversaciones surge que la intendencia le pagó el alojamiento a Laura Raffo, una dirigente del Partido Nacional que fue precandidata a presidenta de la República. Después de la incautación del teléfono, la intendencia pidió que cambiaran la factura y la hicieran a nombre de la agrupación política liderada por Besozzi. En una conferencia de prensa que convocó para dar explicaciones, el ex intendente reconoció que esto fue un “error” de su grupo político.

La fiscal también detalló que el ex intendente hacía gestiones ante el director de Tránsito de la intendencia para solucionar problemas de particulares, como también que intervino para que un hombre que compró un camión sea exonerado de tributos. También se investiga si la maquinaria de la intendencia era utilizada por particulares para hacer tareas propias.

En una audiencia judicial, la fiscal también aseguró que un camionero llevó toros a la casa de Besozzi a cambio de materiales de la intendencia.

En la noche del domingo, después de cumplir las primeras dos noches en arresto domiciliario, Besozzi convocó a una conferencia de prensa en la que pidió disculpas a su familia por “ser político” y dijo que, por momentos, se siente un “preso político”. “No toqué nada para mí; no gestioné nada a cambio de nada”, se defendió el ex intendente y remarcó varias veces que es inocente.

El Partido Nacional, en tanto, respaldó al ex intendente y su candidatura para la reelección. Besozzi estará en su casa durante toda la campaña electoral (dado que las elecciones departamentales son el 11 de mayo). Varios dirigentes del partido cuestionaron la actuación de la Fiscalía en este caso.