El CNE de Ecuador prohibió el uso de celulares en el balotaje presidencial tras las denuncias de presiones a votantes

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador resolvió este jueves prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante la votación de la segunda vuelta presidencial del 13 de abril.

La medida, aprobada con tres votos a favor y una abstención, responde a la solicitud del presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, quien denunció que en la primera vuelta electoral del 9 de febrero grupos criminales presionaron a los votantes para favorecer a una determinada candidatura y les exigieron fotografías de sus papeletas como prueba de su voto.

Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, informes de seguridad respaldan la denuncia del mandatario.

“El pasado 9 de febrero existieron casos en los que la ciudadanía fue presionada y amenazada para ejercer su voto por una postura y para dejar fe de aquello, se le solicitó al elector una grabación o fotografía a través de sus dispositivos electrónicos”, explicó durante la sesión en la que se adoptó la resolución. Atamaint sostuvo que este tipo de prácticas vulneran el “principio constitucional del secreto al voto”.

La decisión del CNE prohíbe “el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio”, así como a los miembros de las juntas receptoras del voto durante el conteo.

Sin embargo, se permitirá que uno de los miembros de cada mesa electoral utilice su teléfono únicamente para rellenar el acta de escrutinio. La restricción no se aplicará a delegados de organizaciones políticas, periodistas ni observadores nacionales e internacionales acreditados.

La medida fue cuestionada por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el ex presidente Rafael Correa, cuyo partido lleva como candidata a la presidencia a Luisa González.

Correa rechazó la decisión del CNE y afirmó: “Nos gobiernan delincuentes”. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también criticó la resolución y aseguró que los tres consejeros del CNE que la aprobaron “quedarán en el basurero de la historia”.

La consejera del CNE Elena Nájera, quien se abstuvo en la votación, también se mostró en desacuerdo con la resolución y la calificó como resultado de las “presiones externas del poder de turno”. Nájera abandonó la sesión en señal de protesta.

Desde el oficialismo, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ya había anticipado que el CNE tomaría una decisión al respecto tras reuniones con el Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los ministerios de Interior y Defensa.

Un balotaje en medio de la tensión política

El balotaje del 13 de abril definirá si Noboa, quien asumió la presidencia en noviembre de 2023 tras ganar una elección atípica, obtiene un mandato completo hasta 2029 o si el correísmo regresa al poder con González, quien aspira a convertirse en la primera mujer en ser electa presidenta de Ecuador.

En la primera vuelta del 9 de febrero, Noboa obtuvo el 44,17% de los votos, superando por un estrecho margen a González, quien alcanzó el 43,97%. El actual mandatario, de 36 años, centró su campaña en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad, mientras que González prometió restablecer los programas sociales de la administración de Correa (2007-2017).

Ambos candidatos cuestionaron la labor del CNE y denunciaron irregularidades en la primera vuelta, aunque las principales misiones de observación electoral, como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), calificaron el proceso como transparente y sin evidencias de fraude.

La campaña electoral para la segunda vuelta comenzará el 24 de marzo y concluirá el 10 de abril. Analistas anticipan un proceso marcado por la polarización y la difusión de desinformación en un país políticamente dividido entre el correísmo y el anticorreísmo.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para decidir el rumbo del país en un contexto de crisis económica y una escalada de violencia vinculada al crimen organizado.

(Con información de EFE y AFP)