
“No se olviden de los pibes”, decía la pancarta que dejaron atrás el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y la vicepresidenta, Carolina Cosse, durante la jornada de asunción presidencial. La referencia era a los hinchas de Peñarol que fueron detenidos en Río de Janeiro, en la previa del partido de la semifinal de la Copa Libertadores que jugó contra Botafogo, en octubre de 2024.
El reclamo de buena parte de la hinchada de Peñarol es que “no se olviden de los pibes”, lo que significa que los hinchas detenidos en Brasil puedan esperar el proceso judicial que tienen abierto en Uruguay.
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Son 23 los uruguayos que no pueden salir de Brasil, pero solo dos están recluidos en prisión, informó este martes el diario uruguayo El País. Es que después de la detención de un centenar de hinchas el mediodía del 23 de octubre, y tras incidentes que incluyeron incendios de ómnibus y heridos, esa es la cantidad que continúa detenida y que fue procesada por la Justicia de Río de Janeiro.
En Uruguay, los hinchas son representados por el abogado penalista Jorge Barrera, un ex presidente de Peñarol. Su equipo legal fue presentando acciones y recursos. Finalmente, una gran mayoría (21) de los detenidos terminaron saliendo de la peligrosa cárcel de Bangú y hoy viven en dos casas, cuyos gastos están a cargo de Peñarol, consignó el diario uruguayo.
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La defensa ahora está a la espera de que un tribunal de Brasilia se expida sobre un recurso de hábeas corpus que fue presentado en febrero ante la Justicia de Río de Janeiro y que fue rechazado en una primera instancia.
Los hinchas de Peñarol fueron imputados por delitos como riñas, incendio, desacato y asociación criminal.
Ese “no se olviden de los pibes” que vieron Orsi y Cosse el día de su asunción parece haber tenido efecto. Pero antes de que esa pancarta se colocara, las autoridades del gobierno actual e integrantes de la barra habían tenido un diálogo. En ese intercambio se les aseguró que lo que está al alcance de Presidencia es solicitar al gobierno de Brasil que los hinchas esperen el desenlace del proceso en Uruguay.
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Este pedido fue realizado por esos días, en ocasión de la visita del presidente brasileño, Lula da Silva, para la asunción de Orsi, según la información de El País. El nuevo gobierno uruguayo le trasladó la preocupación a las autoridades brasileñas, que acusaron recibo sobre este episodio.
Pero las gestiones no se quedaron en eso. En paralelo, la defensa —encabezada por Barrera y Rodrigo Rey– de los detenidos presentó una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la que está esperando respuesta.
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A fin de año, familiares de los hinchas fueron hasta la puerta del ministerio para manifestarse.
“El reclamo concreto es que queremos que se solucione esto, porque está todo el mundo esperando que haya una resolución y nadie toma cartas en el asunto”, dijo a la prensa el padre de uno de los afectados, a quien le colocaron una tobillera y no puede salir de Brasil.
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El pedido a la Cancillería fue la expedición de un documento que certifique que todos los procesados tienen domicilio en Uruguay, para luego utilizar eso como un argumento para insistir ante la Justicia de Brasil y así cumplir con el pedido que los familiares realizan hace cinco meses. Barrera explicó al diario uruguayo que ese documento sería la “garantía” ante los distintos jueces de que los detenidos tienen domicilio real en Uruguay. Los abogados esperan tener esos documentos esta semana.
Mientras, el equipo trabaja en una estrategia de fondo para presentar ante los tribunales de Río de Janeiro y también prepara “acciones de sustitución de medidas cautelares”. El lunes, los detenidos fueron a la sede de la Justicia para demostrar por cuarta vez que están cumpliendo con las medidas.
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