
El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó de manera categórica las acusaciones de fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, luego de que el ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, asegurara que su equipo técnico había identificado irregularidades en más de 5.000 actas de escrutinio. Según Guarderas, estos supuestos errores afectarían al 6% de la votación y podrían haber alterado los resultados, impidiendo que Daniel Noboa ganara en primera vuelta.
A través de un comunicado, el CNE expresó su “enérgico rechazo” a las declaraciones de Guarderas y otros actores políticos que, según el organismo, intentan “distorsionar y deslegitimar los resultados electorales sin sustento técnico ni jurídico”. En el documento, el CNE enfatizó que las elecciones del pasado 9 de febrero se llevaron a cabo con “altos estándares técnicos y total transparencia”, lo que ha sido reconocido por las misiones de observación internacional.
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Guarderas, en una rueda de prensa, explicó que su equipo utilizó un programa conectado a la nube del CNE para procesar datos y detectar anomalías en la votación. Afirmó que en varias zonas rurales del país se registraron actas con un 0% de ausentismo, lo que, según él, podría haber sido un mecanismo para asignar votos de manera irregular. Como ejemplo, citó casos en provincias como Chimborazo, Cañar, Azuay, Tungurahua y Manabí, donde aseguró que se evidenciaban alteraciones en la asignación de votos entre candidatos. Entre sus acusaciones, mencionó que en ciertas actas los votos del presidente Noboa habrían sido transferidos a la correísta Luisa González y que este tipo de errores también beneficiaron al Partido Social Cristiano en la elección de asambleístas.

El CNE, por su parte, aseguró que el acceso a la información en todas las etapas del proceso electoral estuvo garantizado y que la transmisión y procesamiento de resultados se realizaron en tiempo real, permitiendo que los candidatos, las organizaciones políticas, los observadores nacionales e internacionales y los medios de comunicación tuvieran control sobre el escrutinio. En su pronunciamiento, el organismo recordó que cualquier inconformidad con los resultados puede ser impugnada a través de los recursos legales correspondientes.
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Las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) respaldaron la legitimidad del proceso. En sus informes preliminares, ambas misiones coincidieron en que la jornada electoral transcurrió con normalidad y sin irregularidades sistemáticas que afectaran el resultado.
La OEA destacó que el escrutinio se realizó con transparencia y que las actas fueron accesibles a todas las partes involucradas en el proceso. La misión de la UE, por su parte, alertó sobre la proliferación de narrativas de fraude sin pruebas y advirtió que este tipo de acusaciones pueden socavar la confianza en el sistema democrático.
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El señalamiento de irregularidades en el proceso electoral no es un hecho aislado en la política ecuatoriana. A lo largo de las últimas décadas, distintos actores políticos han denunciado inconsistencias en los comicios, aunque pocas veces han presentado pruebas concluyentes o han logrado revertir los resultados en instancias judiciales.
La incertidumbre sobre los resultados de la primera vuelta ha incrementado la tensión política en la antesala de la segunda vuelta del 13 de abril, en la que Noboa y González se enfrentarán nuevamente en las urnas.
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El CNE reiteró que defenderá “cada voto depositado en las urnas” y que el respeto a la voluntad popular es un principio fundamental de la democracia. Además, subrayó que las autoridades de control, como la Contraloría y la Fiscalía del Estado, pueden intervenir en caso de que existan denuncias con pruebas suficientes.
Con la segunda vuelta presidencial en el horizonte, el debate sobre la integridad del proceso electoral seguirá siendo un tema central en la discusión política. Por ahora, existe un complejo escenario de cara a la definición del próximo gobierno de Ecuador en abril.
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