El Ejército de Nicaragua informó este viernes la detención de 22 nicaragüenses vinculados a la minería ilegal en la Reserva Biológica Indio Maíz, una zona fronteriza con Costa Rica donde ambos países acaban de reforzar la coordinación de seguridad para frenar la extracción clandestina de oro, el contrabando y el traslado de insumos por la cuenca del río San Juan.
La captura se produjo en los sectores del puente Santa Fe y Boca de San Carlos, donde, según las Fuerzas Armadas, los retenidos trasladaban medios que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal dentro de la reserva. Los detenidos y los objetos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes.
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El operativo se conoció después de la reunión celebrada el 28 de febrero entre Costa Rica y Nicaragua, en la que ambos gobiernos acordaron una mayor coordinación entre sus fuerzas de seguridad para enfrentar la minería de oro ilegal y el contrabando del mineral en la frontera común.
Según las autoridades costarricenses, los mineros ilegales extraen oro en territorio de ese país, lo procesan y luego lo venden en Nicaragua. Por esa razón, San José ha pedido a Managua mayor vigilancia sobre el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense, donde identifica una ruta usada para el contrabando.
La extracción clandestina de oro opera con una cadena transfronteriza entre ambos países
La minería ilegal en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se concentra sobre todo en la extracción de oro en localidades costarricenses como Crucitas y el cerro Conchudita, muy cerca del río San Juan. La actividad funciona mediante redes que aprovechan diferencias de control e institucionales entre ambos países.
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El esquema descrito incluye la extracción en suelo costarricense por parte de cientos de mineros artesanales e irregulares, muchos de ellos de origen nicaragüense que cruzan de forma continua la frontera. Gran parte del sedimento y del material en bruto es trasladado de manera ilegal a territorio nicaragüense para su procesamiento.
Allí operan plantas semiindustriales y otras instalaciones en fincas fronterizas, equipadas con piletas de lixiviación que permiten separar el oro con mayor eficiencia. A la vez, existe un flujo constante y bidireccional de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio desde Nicaragua hacia Costa Rica para la purificación del metal.
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La detención de los 22 nicaragüenses responde de forma directa a ese circuito: fueron retenidos cuando transportaban medios destinados a faenas de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las áreas protegidas más importantes de Nicaragua y una de las zonas bajo presión por la expansión de esta actividad en la franja limítrofe.
Costa Rica endureció penas y Nicaragua multiplicó los operativos en la reserva
El conflicto ya derivó en medidas legales y operativas en ambos lados de la frontera. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa tipificó la minería ilegal como delito de crimen organizado y elevó las penas de cárcel hasta 6 años y 10 años para quienes extraigan oro de forma irregular o destruyan áreas de conservación.
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El Ejecutivo costarricense también impulsa un plan para reactivar la minería legal regulada en Las Crucitas. La propuesta parte del argumento de que la prohibición total vigente desde 2010 favoreció el descontrol y el crecimiento de redes ilegales.
En paralelo, las fuerzas de seguridad de ambos países avanzaron en acuerdos de coordinación para contener la actividad. Como resultado de ese refuerzo binacional, el Ejército de Nicaragua, realiza detenciones frecuentes de personas que portan insumos mineros dentro de la Reserva Indio Maíz.
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