La ONU exigió a la Justicia de Ecuador una investigación exhaustiva tras el hallazgo de los cuerpos calcinados de cuatro adolescentes

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur (ACNUDH) exigió a la Justicia de Ecuador que investigue en profundidad el caso de los cuatro menores hallados calcinados cerca de una base militar en diciembre.

“La investigación de este delito tan grave debe ser independiente, sin presiones políticas y exhaustiva, abordando las eventuales responsabilidades del mando”, sostuvo el representante del organismo, Jan Jarab, quien aseguró estar “consternado” tras conocer el desenlace de este caso, cuyo delito no se extingue con el hallazgo de los cuerpos sin vida.

“Este fatal hecho debe marcar un punto de inflexión en la forma de conducir la política de seguridad pública en el país”, sumó Jarab y pidió, a su vez, “evitar en todo momento (del proceso de investigación) la revictimización de las familias”.

El 8 de diciembre, un grupo de cuatro jóvenes fue detenido por una patrulla de 16 militares en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, una de las ciudades con mayor presencia de narcotráfico y altos índices de violencia, que obligó al despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles.

La versión de los oficiales apunta a que, poco después del arresto -que no formó parte de una operación sino que se debió a que los jóvenes fueron sorprendidos mientras cometían un supuesto delito- Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, fueron liberados en buenas condiciones.

Sin embargo, desde este incidente no se tuvo más noticias de ninguno de ellos, por lo que enseguida se denunció su desaparición forzada. Días después, el 25 de diciembre, la Policía encontró varios cuerpos cerca de una base de las Fuerzas Armadas con signos de violencia, que se pensó podrían estar vinculados al caso.

Ante esto, durante una audiencia el 31 de diciembre, la Fiscalía acusó formalmente al grupo de soldados, que ya estaba bajo custodia militar, y ordenó su prisión preventiva en tanto se esclarecía lo ocurrido.

“Con base en los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía de Ecuador, el Juez de la causa dicta prisión preventiva para los 16 militares procesados por presunta desaparición forzada”, informó el Ministerio Público.

Poco después, ese mismo día, se confirmó que los cuatro cadáveres correspondían a los cuatro adolescentes desaparecidos.

“Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los cuatro cuerpos encontrados en Taura corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre”, informó la Fiscalía.

Esta semana, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, se refirió al caso pero pidió tratarlo con prudencia, en un intento por distanciar la estrategia contra los grupos terroristas implementada por Daniel Noboa de las denuncias de crímenes de Estado.

“Las investigaciones están en curso (...) Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo, eso se determinará con las pruebas. Lo que sí sé es que en este momento existe ya una formulación de cargos por delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial. Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado o de un crimen de lesa humanidad”, dijo durante una rueda de prensa.

(Con información de Europa Press)