El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este jueves una ley que eleva las penas por abuso sexual infantil hasta 30 años de prisión en los casos que involucren a niños menores de 10 años. Según informó la Presidencia, esta medida convierte al país en uno de los más estrictos de la región en la lucha contra este delito.
La sanción se llevó a cabo en un acto oficial en el Palacio de López, sede del Ejecutivo en Asunción. La nueva normativa modifica los artículos 128 y 135 del Código Penal paraguayo, previamente alterados por las leyes N° 3440/2008 y 6002/2017. Esta propuesta había sido remitida al Ejecutivo por el Senado el pasado 20 de noviembre.
De acuerdo con el texto de la ley, cualquier acto sexual cometido contra niños menores de diez años o que implique situaciones donde el “autor haya realizado el coito con la víctima” tendrá una pena mínima de 20 años de prisión, con la posibilidad de extenderse hasta 30 años en casos agravados.
En su discurso, Peña señaló que las leyes anteriores contemplaban “penas muy blandas” en comparación con delitos como el abigeato, lo que consideró “intolerable y vergonzoso”. Según el mandatario, esta reforma “revierte esa situación” y posiciona a Paraguay como el país con “mayores penas para abusadores” en América Latina.
Además, reconoció que, aunque esta medida “no es la única solución al problema del del abuso infantil”, expresó que representa “un paso decisivo” para apartar a los abusadores de sus víctimas.
“Vamos a sacarlos de circulación, alejarlos de sus víctimas y de otros niños y niñas, y que mediten por el resto de lo que les quede de vida sobre lo que hicieron desde la reclusión”, expresó el presidente.
Por su parte, el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, describió la reforma como “una señal contundente” contra el abuso infantil, un delito que acumula cerca de 3.500 denuncias al año en el país.
Según Gutiérrez, el 82% de las víctimas son niñas, con una edad promedio de nueve años, mientras que los agresores tienen, en promedio, 27 años. Además, destacó que nueve de cada diez casos se producen en el entorno cercano de los menores.
El ministro señaló que la reforma incorpora “nuevas conductas agravantes”, incluyendo la tipificación del abuso sexual por medios tecnológicos, y añade conceptos como “integridad sexual”, “entorno cercano” y “afinidad en la familia” para garantizar sanciones más severas.
“Hoy pasa a ser el segundo hecho punible, el segundo crimen, con penas más elevadas dentro de nuestro sistema penal”, añadió.
(Con información de EFE)
Últimas Noticias
Uruguay presentó su plan de seguridad para la próxima década: nuevo rol de las Fuerzas Armadas y mayores penas al porte de armas
El gobierno de Yamandú Orsi anunció su prometido programa para los próximos 10 años; se apuesta apuesta a reducir la cantidad de personas que vive en la calle
De la escasez a la incertidumbre: claves para entender el nuevo capítulo del conflicto por el combustible en Bolivia
Tras más de dos años de irregularidades en el suministro, los bolivianos ahora enfrentan dudas sobre la calidad del producto, luego de que se registraran daños mecánicos atribuidos a gasolina contaminada
La Fuerza Armada de El Salvador participa en visita oficial al USS Nimitz durante ejercicios Southern Seas 2026
La presencia de funcionarios salvadoreños en el portaaviones estadounidense se enmarca en la consolidación de alianzas marítimas y la promoción de operaciones conjuntas multinacionales en Sudamérica, como parte del evento liderado por el Comando Sur estadounidense
Manzanillo Power Land: la central que cambia el mapa energético de República Dominicana
Con la puesta en marcha de Manzanillo Power Land, el desarrollo energético toma impulso en el noroeste. Un megaproyecto redefine los equilibrios eléctricos y abre una etapa de oportunidades para la región
La alianza entre Honduras y Japón impulsa transformación del abastecimiento de agua en la capital
El convenio permitirá implementar nuevas redes de distribución, renovación de estaciones de bombeo y actualización tecnológica para mitigar racionamientos y beneficiar a comunidades históricamente afectadas por la carencia de servicios básicos
