El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) emitió este martes un conjunto de medidas urgentes al Estado ecuatoriano para acelerar la búsqueda y localización de cuatro menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre en Guayaquil, tras ser detenidos por una patrulla militar.
El Comité instó a Ecuador a desarrollar “de forma urgente” una estrategia integral que contemple un plan de acción y un cronograma claro para encontrar a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y a sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11). Así lo señala un documento proporcionado a EFE por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), entidad que asesora a las familias de los menores.
De acuerdo con la ONU, dicha estrategia debe incluir un enfoque diferencial que respete el interés superior de los niños y considere su pertenencia al pueblo afrodescendiente.
Además, el Comité subrayó la necesidad de investigar todas las hipótesis del caso, incluida la posibilidad de que los hechos configuren una desaparición forzada, dado el presunto involucramiento de agentes estatales.
Cronología de los hechos
La desaparición ocurrió la noche del domingo 8 de diciembre, cuando los menores, tras jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, fueron interceptados por hombres vestidos con uniformes militares. Según testigos y registros de cámaras de seguridad, los jóvenes fueron detenidos cerca de un centro comercial y trasladados en una camioneta hacia Taura, a unos 30 kilómetros de la ciudad, donde se encuentra una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Imágenes de cámaras de seguridad, difundidas en redes sociales, muestran a militares deteniendo a los menores y llevándolos en un vehículo oficial. El Comité de la ONU ha destacado que estos videos son esenciales para el desarrollo de las investigaciones.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó el lunes que los menores fueron retenidos por una patrulla militar en un lugar donde supuestamente ocurría un intento de robo, pero afirmó que los uniformados los dejaron en libertad posteriormente.
Medidas cautelares y protección a las familias
Además de sus recomendaciones, que son de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano, la ONU emitió medidas cautelares en favor de los padres y madres de los menores desaparecidos. Según el CDH, estas familias enfrentan un “alto riesgo de represión, intimidación o represalias” debido a la denuncia de los hechos.
El Comité exigió al Estado ecuatoriano proteger la vida e integridad de los familiares, asignándoles agentes especializados, y garantizar la preservación de pruebas clave, como partes, informes o bitácoras de las Fuerzas Armadas relacionadas con esa noche, “en riesgo por destrucción o mal uso”.
El Comité pidió también que se implementen mecanismos “oficiales y claros” a través de los cuales se informe a las familias sobre los avances de los procesos de búsqueda e investigación.
Ecuador tiene hasta el 7 de enero de 2025 para “informar sin demora” a la ONU sobre las medidas adoptadas en este caso.
Diálogo con organismos internacionales
El lunes, los familiares de los niños se reunieron con Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur. Jarab aseguró que mantendrá conversaciones con las autoridades ecuatorianas “para un rápido avance de la investigación” y velará por el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos en este proceso.
El caso ha generado preocupación a nivel internacional y subraya la urgencia de acciones inmediatas por parte de las autoridades ecuatorianas para esclarecer la desaparición y garantizar justicia.
(Con información de EFE)
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