“Esto no es vida, por favor devuélvanos a mis hijos”: el clamor del padre de uno de los cuatro chicos desaparecidos en Guayaquil

Steven Medina, de once años, es el menor de los cuatro chicos desaparecidos en Guayaquil. Jugaban fútbol cuando fueron aprehendidos por al menos diez militares que los llevaron en dirección a la Base Área de Taura. Un video donde los uniformados suben a una camioneta a dos de los menores es el último registro que se tiene de ellos. Dos llamadas: una suplicante y otra desconcertante son lo último que los padres supieron de sus hijos. Esto hace ya 16 días.

La mañana del 24 de diciembre, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil) informó que el Comité contra la desparación forzada de la ONU “ha solicitado al Estado parte que adopte medidas inmediatas para la búsqueda, localización y protección de las personas desaparecidas”.

Un día antes, frente a la Asamblea Nacional, el padre de Steven, Ronny Medina, pidió a las autoridades que le regresen a su hijo. A él se sumaron Luis Arroyo, padre de dos de los chicos, y Johana Arboleda, madre de uno de ellos. La desesperación, la angustia y el agotamiento que causa tocar las puertas del Estado pidiendo ayuda se reflejaban en los rostros de los padres. Con ellos, un potente clamor: "Esto no es vida sin saber de nuestros hijos. Les ruego de todo corazón, por favor devuélvannos a nuestros hijos... Así como los militares se los llevaron, les pedimos que nos devuelvan“, dijo Medina.

En esa sesión legislativa, la asambleísta correísta Paola Cabezas reveló el video de la detención. La escena de menos de un minuto muestra la dureza con que los militares tratan a los menores, que por no ser adultos, se supone, merecen un tratamiento especial incluso en casos de detención.

A la Asamblea Nacional también debían asistir el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela y el comandante de la FAE, Celiano Cevallos pero se excusaron.

Apenas unas horas antes de las comparecencias de los padres ante los legisladores, en Guayaquil y Quito se convocaron plantones para exigir respuestas y acciones contundentes que lleven a la localización de los menores.

La mañana del 23 de diciembre, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista con Radio Democracia, reafirmó su compromiso con la justicia y aseguró que no habrá impunidad, incluso si los responsables pertenecen a las Fuerzas Armadas: “No vamos a encubrir a nadie. Estamos del lado de la justicia y no descansaremos hasta tener las respuestas que se necesitan”, declaró. Noboa también solicitó a la Fiscalía que todas las personas involucradas en el operativo militar en Taura rindan declaraciones y cooperen plenamente en el proceso investigativo. Además, instruyó al Ministerio de Defensa para garantizar que las instituciones estatales colaboren sin retrasos. Noboa también reveló que sugirió que los menores sean declarados “héroes nacionales”.

El procedimiento militar que ahora está bajo cuestionamiento y sus errores han sido reconocidos incluso por el ministro Loffredo, quien en una entrevista con Radio City, reconoció que “no estuvo bien” que los militares abandonaran a los niños en medio de una carretera y que no los entregaran a la Policía. Según la versión oficial y de la defensa de los militares investigados, la detención se produjo porque hubo una alerta de robo, sin embargo, cuando eran trasladados al cuartel, ante el “pedido” de los chicos, los dejaron. Los militares habrían accedido a esto, según especuló Loffredo, porque no tenían evidencia del supuesto robo.

Cuando los miembros de las Fuerzas Armadas capturan a civiles deben entregarlos a la Policía Nacional junto con las evidencias que sustenten la detención o el presunto cometimiento de un delito. Esto no sucedió con los cuatro chicos de Guayaquil.

Los militares los llevaban de camino a la Base Área de Taura, algo que tampoco cumple con la normativa porque retener a civiles en instalaciones militares es ilegal. A los jóvenes los detuvieron en Las Malvinas, al sur de Guayaquil y los dejaron –según los militares– casi a 45 kilómetros del lugar de detención, pues se dirigían al cuartel.

La defensa de los militares aseguró que los menores fueron liberados “en perfectas condiciones” cerca de la Base de Taura. Sin embargo, las declaraciones del abogado contrastan con el testimonio de los familiares, quienes señalaron que allí se encontraron prendas de vestir de los niños que habrían sido entregadas por los propios uniformados a uno de los comandantes.

La tarde del 23 de diciembre, la Fiscalía allanó la Base Militar de Taura y requisó celulares, camionetas, documentos y partes de computadoras, según reportó Expreso.

La Fiscalía ha trasladado las investigaciones a la Unidad Especializada en el Uso Ilegítimo de la Fuerza, creada en 2023 para abordar casos de violaciones graves a los derechos humanos. Según la resolución 063 de 2023, esta unidad centraliza las investigaciones en Quito, pero trabaja en coordinación con sedes regionales en Guayaquil y Cuenca. Su objetivo principal, informó a la prensa la institución, es garantizar investigaciones imparciales y técnicas en casos de alto impacto como este, en los que se presume la participación de agentes estatales.