Investigación de Estados Unidos pondrá en “aprietos” a la economía de Nicaragua

La posibilidad de que Nicaragua quede al margen del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (conocido como DR-Cafta por sus siglas en inglés) ha despertado las alarmas en diversos sectores económicos de los países involucrados, luego que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) abrió esta semana una investigación “sobre los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, derechos humanos y el Estado de Derecho”.

“Sería una debacle”, vaticina el excanciller nicaragüense Normal Caldera, uno de los gestores del tratado, vigente desde hace 18 años.

Es previsible que las conclusiones de esa investigación terminen mal para la dictadura de Daniel Ortega, dadas las tensiones que existen entre el régimen nicaragüense y Estados Unidos, y la gran cantidad de informes que señalan a Nicaragua como violador consuetudinario de los derechos humanos.

A través de un comunicado hecho público este martes 10 de diciembre, la institución federal afirmó que a Estados Unidos le preocupa que Nicaragua “esté participando en ataques represivos y persistentes contra los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de Derecho”.

La investigación, que se espera dure un año, se realiza bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 que “está diseñada para abordar las prácticas extranjeras injustas que afectan el comercio estadounidense”.

Para Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, no hay posiblidad de que Nicaragua sea expulsada del DR-Cafta, porque el tratado no contempla una acción de ese tipo, pero sí considera que Estados Unidos podría retirarse del acuerdo y eso afectaría a toda la región centroamericana.

Desde la perspectiva de Orozco los escenarios que se abren ante las conclusiones de esta investigación es que “que se dé una renegociación, cosa que se quiere hacer desde hace un año; que Estados Unidos imponga tarifas en ciertos sectores, o que multe al Estado de Nicaragua”.

Una de las primeras reacciones a este anuncio se produjo de parte del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles (NCTO, por sus siglas en inglés), quien advirtió sobre las repercusiones que tendría para el sector y sus miles de empleados sacar a Nicaragua del DR-Cafta o imponer aranceles al comercio desde Nicaragua.

“Desestabilizar la plataforma de producción del DR-Cafta tendría graves consecuencias para los trabajadores estadounidenses y regionales, la migración, el desarrollo económico y las inversiones pendientes y futuras”, expuso Kimberly Glas, presidenta y directora ejecutiva del NCTO.

Según la funcionaria, la industria textil de Estados Unidos exportó casi 350 millones de dólares en productos textiles y de confección directamente a Nicaragua, lo que convierte al país en el tercer mayor destino de exportación de la región del DR-Cafta.

El sector textil estadounidense propone que las sanciones de Estados Unidos deben afectar “a los responsables directos de los abusos y no de una manera que perjudique a los trabajadores” y asegura que la imposición de aranceles terminaría beneficiando a China en su inmersión en el mercado centroamericano.

Norman Caldera fue ministro de Fomento, Industria y Comercio y canciller de la República durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007). Participó en el parto del tratado del libre comercio con Estados Unidfos.

“A nadie le dolería tanto como a mí si Nicaragua saliera del Cafta porque sería muy difícil volverla a meter una vez que la democracia regrese a Nicaragua. Va a ser difícil”, dice.

Relata que en una conversación con el entonces vicepresidente Enrique Bolaños, durante la administración de Arnoldo Alemán, le hizo notar que la firma de un Tratado de Libre Comercio con México (1997) podría ser un error, “porque México estaba tratando de prevenir que los países de Centroamérica firmarán su propio tratado con Estados Unidos” y quería presentarse como la puerta de entrada de los productos centroamericanos al país del Norte.

Una vez que Bolaños asumió la presidencia de Nicaragua (enero 2002) se gestionó ante la administración del presidente George W. Bush un tratado con Centroamérica, que representaba, dice Caldera , el socio comercial más grande de Latinoamérica después de México.

Estados Unidos, añade, puso como condición que se incluyera a Republica Dominicana, y por eso terminó llamándose DR-Cafta (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement) y fue negociado entre enero de 2003 y enero de 2004. República Dominicana se incorporó en julio de 2004.

Caldera confía en que no se llegará a la salida de Nicaragua del Tratado con la investigación que ha iniciado Estados Unidos.

Para el economista y opositor nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, esta investigación significa que Estados Unidos ha presionado “un botón rojo” y considera que, por su relevancia, esta es la “noticia económica más importante que hemos escuchado en años”.

“No es una investigación de un órgano externo, como otras investigaciones de derechos humanos, que no tenga la posibilidad de hacer cumplir lo que ahí se diga. Esta es una instancia que sí puede incidir en lo que pasa en Nicaragua porque en sus atribuciones está poner aranceles, poner multas o suspender tratados. Por eso había tomado tanto tiempo en decidir. Es un botón rojo que ahora se está apretando y tiene implicaciones directas sobre la economía nacional”, dice Chamorro.

Considera que el sector más vulnerable son las zonas francas. “Basta un arancel relativamente pequeño, el diferencial que hay de mano de obra en Nicaragua con respecto a Honduras, Dominicana o El Salvador, para dejar por fuera la competitividad del país. Las empresas de maquila preferirían trasladar sus empresas a otros países”, dice.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y destino de cerca del 60 por ciento de las exportaciones generales. Las zonas francas de Nicaragua emplean a unos 120 mil trabajadores.

Chamorro dice la Oficina del Representante de Comercio ha señalado “una amplia gama de irregularidades de Nicaragua que entorpece el comercio, comenzando por los asesinatos, las desapariciones forzadas, el encarcelamiento, el destierro y las confiscaciones en adición a las violaciones al derecho a la asociación con la eliminación de las ONG, el derecho a la negociación colectiva y a la sindicalización”.

Estos elementos de la dictadura de Ortega, dice el economista, “exacerban la explotación, al igual que el derecho de todos los nicaragüenses y, por lo tanto, entorpecen el comercio internacional”.

Juan Sebastián Chamorro señala al régimen de Nicaragua como el responsable de las consecuencias que pueda tener esta investigación para el país por “los crímenes de lesa humanidad” que ha cometido.