El proyecto del gobierno chileno de regularizar a más de 180 mil inmigrantes divide al país

Una profunda división trajo la propuesta del Gobierno de Gabriel Boric de regularizar a cerca de 182 mil inmigrantes, quienes ya se sometieron a un empadronamiento biométrico voluntario en 2023 que permitió obtener sus nombres y rostros. La iniciativa fue rechazada transversalmente por el mundo político -oficialismo y oposición- pero fue defendida por La Moneda y por el gremio empresarial en pleno, desde donde aseguraron que “todo lo que está haciendo el subsecretario Luis Cordero está muy bien alineado”.

Uno de los primeros en abrir el “fuego amigo” fue el diputado Raúl Soto (PPD), quien en conversación con Emol sostuvo que “en medio de una crisis de seguridad, el foco de nuestro Gobierno debe seguir en aumentar el control de las fronteras, mantener el proceso de expulsiones y también reutilizar nuestra legislación como se ha venido haciendo, para desincentivar la llegada de más migrantes regulares a Chile”.

“No al contrario, como se ha planteado, con la posibilidad de una regularización masiva. No es viable políticamente hoy en día, al menos hasta que la crisis de seguridad y la crisis de migración irregular en Chile esté más controlada”, señaló tajante.

De la misma opinión fue el parlamentario socialista Marco Ilabaca: “Cuando hemos visto que las fronteras se han desbordado, cuando hemos visto las invitaciones de Cúcuta para que vengan los venezolanos a Chile, y hoy día el Gobierno dice ¿sabe qué? por haberse empadronado, a pesar de haber ingresado por pasos ilegales, clandestinos, vamos a acogerlo, creo que ahí existe un problema de coherencia”, arguyó.

En la oposición, la bancada de diputados de la UDI ya ofició al Tribunal Constitucional e ingresó un “téngase presente”, tendiente a declarar inconstitucional la medida, de llevarse a cabo.

“Tal como lo advertimos hace más de un año, el famoso empadronamiento que impulsaron las actuales autoridades no era más que el inicio de un perdonazo masivo de extranjeros que ingresaron de manera irregular a nuestro país. Pese a que los emplazamos en innumerables oportunidades, el gobierno siempre negó que esta medida iba a dar pie a un proceso de regularización, y hoy recién lo están reconociendo”, acusó el diputado Juan Antonio Coloma.

“Es una irresponsabilidad enorme lo que han anunciado, porque terminan invitando a miles de extranjeros -incluso los que tienen un perfil delictivo- a seguir ingresando a Chile sin papeles, agravando de esta manera la crisis migratoria que vivimos”, consignó El Dínamo.

El viernes, Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y Antonio Walker, mandamás de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), apoyaron la iniciativa del Gobierno de Boric asegurando en entrevista con La Segunda que el país sí necesita más mano de obra con papeles al día, sobre todo en el sector agrícola.

“Todo lo que está haciendo el subsecretario Luis Cordero está muy bien alineado”, dijeron a coro.

Por su parte, en conversación con el programa de TVN, Estado Nacional, el subsecretario de Interior, Luis Cordero, aseguró que ningún extranjero con antecedentes penales recibirá este beneficio y explicó las razones para llevarlo a cabo.

“El Estado tiene un problema de migración irregular, un conjunto de personas que están ilegales en el país y que además se encuentran trabajando”. El primer problema, dijo, es que “son personas que no tienen acceso al mercado formal, por lo tanto, están expuestas a que terceros cometan crímenes con ellos. Y lo segundo, es que cuando están excluidos del mercado formal lo que ocurre es que el crimen se puede transformar como un mecanismo de generación de ingresos”, señaló, según consignó Emol.

La autoridad sostuvo que demás hay una razón económica, puesto que según datos del Banco Mundial, entre 2017 y 2023 los extranjeros aportaron el 1% del PIB, y destacó el apoyo del gremio empresarial.

“Son partidarios de regularizar esto porque los empleadores prefieren pagar las cotizaciones a los migrantes, pero al no estar sometidos a un régimen de regularización, ¿cuál es el problema? Es que son personas que no pueden abrir, por ejemplo, una cuenta RUT. Y, por lo tanto, le tienen que pagar a un tercero una comisión que de verdad lo que hace es que distorsiona el mercado laboral”, explicó la autoridad.

Debido ello, Cordero invitó a la clase política a que “esta discusión, si la vamos a tener, la tengamos con datos en la mesa”.