Ante una comisión de la Asamblea Nacional, el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Zárate, informó que, tras una verificación realizada por las Fuerzas Armadas, no se han encontrado en el país las 2.000 hectáreas de coca de las que habló el presidente Daniel Noboa, en un mensaje a la nación, el pasado 14 de octubre.
Zárate indicó que las Fuerzas Armadas rastrearon en el terreno la información satelital que se incluía en un informe que Estados Unidos entregó a Ecuador e “identificaron que no había las 2.000 hectáreas”. En octubre, Noboa aseguró: “En Ecuador existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca”. Entonces, el mandatario explicó que estos datos fueron “obtenidos con asistencia internacional” y aseguró que tomará medidas para erradicar dichos cultivos: “El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor, hoy estamos encargándonos de cerrárselas”.
Noboa basó su declaración sobre los sembríos ilegales en el informe Geoespacial de cultivos ilícitos en la frontera norte del Ecuador, que fue entregado por el gobierno de los Estados Unidos a Ecuador. El estudio fue elaborado utilizando imágenes satelitales obtenidas por Copernicus, un programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador y las Fuerzas Armadas. También se fundamenta en datos de centros de pensamiento, reportes de prensa y otras fuentes como la DEA y la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos (INL).
El estudio indica que entre enero y marzo de 2024, “se evidenció la presencia entre dos y 17 hectáreas de hoja de coca en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos”, en la frontera norte compartida con Colombia. Esto representaría, según el informe, “cerca de 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Ecuador”. No obstante, se advierte que “este documento tiene un carácter exploratorio, se recomienda realizar una investigación de campo en las áreas identificadas para corroborar la información obtenida a partir del análisis satelital”.
El gobierno estadounidense también reiteró, en octubre, con relación al informe geoespacial que la “información proviene de un estudio privado basado en datos satelitales disponibles públicamente. Se trata de un análisis exploratorio” y que “la finalidad de este estudio es informativa, no hay conclusiones definitivas ni recomendaciones específicas”.
En un análisis sobre la capacidad de producción de clorhidrato de cocaína, el estudio señala que ya hay antecedentes de laboratorios de procesamiento, como el que se descubrió en 2022, en Mataje, en Esmeraldas. Dicho laboratorio tenía una capacidad de producción de 500 kilos de cocaína por semana y fue vinculado a los Tiguerones. El informe también señala que “la falta de un Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos impide determinar, con evidencia científica, la capacidad de producción de clorhidrato de cocaína. Por lo tanto, se utilizan datos estimados sobre el número de cosechas anuales y la capacidad de producción de los enclaves productivos en la frontera sur de Colombia”.
El informe incluía en sus anexos una serie de coordenadas satelitales que, según Zárate, fueron corroboradas por las fuerzas militares. Para algunos analistas, resulta difícil creer que cultivos de tal magnitud no hayan sido denunciados o detectados previamente, especialmente considerando que, según el estudio, el 50% de los cultivos ilícitos se concentra en una franja de 10 kilómetros de la frontera. Esto llama la atención, ya que 2.000 hectáreas equivalen aproximadamente a 2.802 canchas de fútbol profesional, una extensión difícil de pasar por alto. En sus declaraciones, Zárate indicó que las Fuerzas Armadas sí identificaron cultivos ilícitos que abarcan una extensión de 7 hectáreas. Hasta el momento, el gobierno no ha desmentido ni ofrecido contexto adicional sobre la información proporcionada por el comandante de la Policía.
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