La Policía de Bolivia confirmó la detención en Chile del empresario Luis Enrique G. I, responsable de la empresa Kantutani a la que acusan de haber ejecutado los movimientos de tierra que terminaron provocando una tragedia en La Paz, en la que murió una niña de cinco años y al menos 25 personas perdieron sus viviendas.
El comandante general de la Policía, el general Augusto Russo, indicó que el detenido había salido del país por Perú y que fue aprehendido por la Gendarmería chilena, se prevé en las próximas horas sea expulsado hacia Bolivia.
Según el alcalde Iván Arias, la empresa Kantutani -que administra el cementerio Los Andes- ejecutó trabajos de tierra de manera ilegal en la parte alta de la zona de Bajo Llojeta y responsabilizó a las autoridades del municipio vecino -Achocalla- por autorizar las obras. Las lluvias del sábado por la noche provocaron el deslizamiento del material que afectó tres barrios, causó daños en 40 viviendas y la muerte de una menor de edad.
La Alcaldía de La Paz presentó una denuncia formal contra la empresa inmobiliaria por los delitos de lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado. Sin embargo, la firma deslindó responsabilidades sobre el hecho a través de un comunicado en el que afirma que se debió “al taponamiento del embovedado en el río Pasajahuira, que se encuentra a 1,5 km del cementerio Los Andes”.
Juan Pablo Palma, secretario de Resiliencia y Vulnerabilidades de la Alcaldía negó que el deslizamiento se debiera a la falta de mantenimiento del embovedado porque, de ser así, en vez de lodo tendría que haber habido agua. “No necesita uno ser ingeniero para darse cuenta que los que han escrito ese comunicado están evadiendo la responsabilidad y además nos están mintiendo”, manifestó en una nota publicada por el gobierno municipal.
La tragedia ha generado una ola de protestas en redes sociales por la falta de control para evitar este tipo de desastres que son frecuentes en la época de lluvias en La Paz. “Si no se puede mover tierras en determinado sitio, es el municipio que debe advertirlo. Y si se mueve tierras en sitios donde no se puede sin autorización, es el municipio que debe tomar cartas en el asunto”, escribió la politóloga Susana Bejarano.
Mientras se inician las investigaciones para identificar las causas del desastre, la tragedia ha puesto de manifiesto varios problemas como la ausencia de coordinación entre las municipalidades de La Paz y Achocalla, la falta de previsión y mantenimiento en los municipio y la preocupante proliferación de construcciones ilegales en zonas de riesgo.
“Estos eventos que cobran vidas y producen daños materiales públicos y privados son cada vez más recurrentes en la ciudad” añadió Bejarano y exigió a los asambleístas departamentales producir normas que eviten que “los municipios hagan lo que les da la gana y que pongan en riesgo así la vida de sus habitantes”.
El martes por la noche volvió a llover en esa zona y se generó alarma entre los vecinos ante posibles los riesgos. Según el canal Unitel, la parte más afectada -en la cual unas seis viviendas quedaron bajo el lodo el fin de semana- terminó anegada, pero el agua logró fluir gracias a los defensivos instalados para proteger las viviendas y conducir las aguas a un río cercano.
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