El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso la creación de la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, en una iniciativa de reforma parcial a la Constitución divulgada este miércoles por la Asamblea Nacional (Parlamento). Opositores han señalado que esta medida podría dar lugar a la formación de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
“Se crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo а la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”, señala la propuesta de reforma constitucional enviada en la víspera al Parlamento, donde los sandinistas tienen mayoría absoluta.
Pese a que la figura de Policía Voluntaria no existe en la Constitución, Ortega afirmó en septiembre de 2022 que el Ejército, la Policía y la “policía voluntaria” ayudaron a restaurar “la paz” en Nicaragua tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que dejaron cientos de muertos.
Según organismos humanitarios y opositores, esos civiles armados son “grupos parapoliciales y paramilitares” que actuaron con la aquiescencia de la Policía Nacional en la denominada ‘Operación Limpieza’ con la que el régimen neutralizó las manifestaciones en su contra.
Ejército podrá intervenir en apoyo a la Policía
La iniciativa también establece que la Presidencia de la República podrá ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.
Además, define al Ejército de Nicaragua como “heredero directo” del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional del héroe nicaragüense, el general Augusto C. Sandino, y del Ejército Popular Sandinista (1979-1995), y que “es el pueblo mismo uniformado y organizado para defender la paz, la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la integridad territorial”.
El proyecto indica que el Ejército estará bajo el mando de la Presidencia de la República como Jefatura Suprema, y debe guardar protección, respeto y subordinación a la presente Constitución, y que es una institución obediente y no deliberante.
También prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional, y solo se podrá autorizar el tránsito o estacionamiento de naves, aeronaves, maquinarias y personal militar extranjero para fines humanitarios, adiestramiento, instrucción e intercambio, siempre que sea solicitado por la Presidencia de la República y ratificado por la Asamblea Nacional.
En tanto, la iniciativa define a la Policía Nacional como un cuerpo armado subordinado a la Presidencia de la República, encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, entre otros.
Mientras que el Ministerio del Interior es la institución del Estado а la que le corresponde implementar, mantener y ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, seguridad del Estado y el orden interno, y que depende de la autoridad ejercida por la Presidencia de la República.
La iniciativa establece además que “no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, ni grados militares que los establecidos por la ley”.
También que no habrá servicio militar obligatorio y que se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
En el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República 2025, presentado en octubre pasado, Ortega propuso aumentar el presupuesto a la Policía Nacional, al Ejército nicaragüense, y al Ministerio del Interior para garantizar la seguridad ciudadana y la defensa de la soberanía nacional.
Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021 en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
(Con información de EFE)
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