En un operativo simultáneo ejecutado por la Fiscalía General del Estado de Ecuador y la Policía Nacional, con el apoyo de Alemania, se desarticuló una presunta red de lavado de activos vinculada al narcotráfico. La investigación fue denominada por el Ministerio Público como Caso Euro 2024. El despliegue de policías y funcionarios para los allanamientos tuvo lugar en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Azuay, involucrando a 22 agentes fiscales y equipos especializados en la lucha contra el crimen organizado.
Según informó la Fiscalía, el operativo, liderado por la Unidad Antilavado de Activos, se realizó tras una investigación que vinculaba el presunto delito de lavado de activos con el tráfico de drogas como antecedente. Entre los principales sospechosos se encuentra Jezdimir S., un ciudadano serbio que ya había sido condenado por narcotráfico en 2015. Este caso ha sido calificado por las autoridades como un esfuerzo coordinado para atacar las finanzas del crimen organizado transnacional.
En total, se llevaron a cabo varios allanamientos en puntos estratégicos, donde se recopilaron pruebas como documentos, facturas, dinero en efectivo, vehículos, computadores, dispositivos móviles, municiones y armas de fuego. Tres personas fueron detenidas: Jezdimir S., Johanna M. y Wilson M. Además, se formularán cargos contra cuatro personas jurídicas presuntamente vinculadas a la red.
La audiencia de formulación de cargos se instaló pocas horas después del operativo. La Fiscalía informó que el juez dictó prisión preventiva para Jezdimir S., mientras que Johanna M. y Wilson M. deberán cumplir medidas sustitutivas, como la presentación periódica ante las autoridades y la prohibición de salir del país.
El proceso de instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, período en el cual se ampliará la investigación para determinar el alcance de la red y la posible implicación de otras personas o entidades. La Fiscalía también mencionó que las cuatro empresas involucradas enfrentarán cargos por su presunta participación en el esquema de lavado de activos.
En 2023, Infobae reportó cómo Ecuador se convirtió en un centro de blanqueo de capitales. Según un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), el lavado de activos es la segunda expresión del crimen organizado en el Ecuador, solo superado por el narcotráfico. El blanqueo de capitales se entiende como el proceso que permite que los bienes de origen ilícito se integren en el sistema económico legal aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.
Sobre el lavado de activos, el OECO indica que este delito se concentra en actividades económicas relacionadas a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas en línea: “Si bien los asistentes conocen el alcance del lavado, los resultados e investigaciones hacia este delito, así como la interpretación de la norma se traducen en un bajo porcentaje de condenas, así como una limitada articulación entre instituciones del Estado hacia este delito”, se explica.
De acuerdo con el estudio, se determinó que el comportamiento autónomo y diferenciado entre economías criminales y lavado de activos tiene al menos dos lógicas en Ecuador: “La primera de ellas es que en aquellos territorios donde se presenta un alto flujo de comercialización de ilícitos como las fronteras terrestres y puertos artesanales, las organizaciones no tienen incentivos para generar esquemas de lavado de activos dentro de estos territorios. Segundo, el lavado de activos por lo general se concentra en aquellos entornos donde existen economías o industrias históricamente constituidas que facilitan la apariencia de legalidad”. Asimismo, entre mayor es la desigualdad de ingresos en una provincia con puertos marítimos internacionales, mayor es la oportunidad de generar actividades o empresas para lavar dinero.
Un estudio de la Policía Nacional también indicó que la dolarización y la baja bancarización facilita la transacción de las actividades ilícitas y el lavado de dinero. Además, el análisis policial identificó que la mafia balcánica ha diversificado sus operaciones hacia el lavado de activos a través de la compraventa de empresas exportadoras, con la obtención de visas de residencia o de inversionistas.
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