El titular del Senado de Bolivia, que responde a Evo Morales, aprovechó la ausencia de Arce para cesar jueces

El Poder Judicial está en el centro de la disputa política en Bolivia. El miércoles, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, promulgó una ley para cesar de sus cargos a los jueces de las altas cortes, quienes están cumpliendo una controversial ampliación de mandato desde enero y a quienes se acusa de beneficiar al Gobierno de Luis Arce a través de fallos y sentencias que están definiendo el escenario político del país.

La norma había sido aprobada en una sesión legislativa el 7 de junio que luego fue declarada “nula” por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de un auto constitucional. En ese sentido, el Gobierno considera que la promulgación no tiene validez jurídica y que tiene por objetivo habilitar a Evo Morales como candidato para las elecciones de 2025.

Sin embargo, tanto el evismo como la oposición celebraron la promulgación. “Ha llegado el momento en que debemos dignificar a la justicia boliviana”, dijo el jefe de bancada de la opositora Comunidad Ciudadana en el Senado, Guillermo Seoane.

Hasta la mañana de este miércoles, los medios locales informaban que el Órgano Judicial, compuesto por el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, estaba trabajando con normalidad.

Rodríguez, un cientista político joven que surgió como dirigente en las federaciones cocaleras y es considerado de la línea de Morales, justificó en sus redes sociales la promulgación: “Estamos atravesando un proceso de total desinstitucionalización que pone en grave riesgo la estabilidad institucional y económica de Bolivia. Nuestro país necesita retomar el camino del orden, la ley y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE). No se puede permitir la consolidación de instancias con suprapoderes; los órganos del Estado tienen igual jerarquía y deben trabajar dentro el marco de la coordinación y cooperación, como manda la CPE”.

El senador aprovechó que estaba ejerciendo la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional ante la ausencia del presidente que viajó a Brasil para participar en la cumbre del G20 y la delegación del mandato al vicepresidente David Choquehuanca, una figura similar bajo la que convocó al parlamento en junio para aprobar el proyecto de ley.

El Órgano Judicial es uno de los ejes de la conflictividad política en el país. Bolivia elige por voto popular a 26 autoridades judiciales para un mandato de seis años, que debía reiniciarse en enero de este año. Sin embargo, las elecciones se postergaron -primero por desacuerdos en el parlamento y luego por una seguidilla de recursos legales que buscaban entorpecer la elección- y los magistrados cuyo mandato vencía, se “auto prorrogaron” indefinidamente hasta la elección de nuevos jueces.

El Gobierno ha respaldado la ampliación de mandatos bajo el argumento de que no podían quedar cargos acéfalos, pero desde entonces una serie de sentencias y fallos han sido favorables a la administración de Arce, lo que genera dudas sobre la independencia e imparcialidad del Órgano Judicial.

En el último mes, emitieron dos determinaciones que apuntan a eliminar a Morales del escenario político: un fallo le cerró la puerta para que no pueda ser candidato a presidente y una sentencia constitucional le quitó el control del Movimiento Al Socialismo, partido que lideró durante más de dos décadas.

Las elecciones judiciales están convocadas para el 15 de diciembre, pero un fallo del Tribunal Constitucional, firmado por los magistrados Gonzalo Hurtado y René Yván Espada que perderán su cargo al ser relevados, las pone en riesgo al haber declarado desierta la convocatoria en cinco de nueve departamentos.

Algunos analistas consideran que el país está subordinado a un “supra poder” constituido por magistrados cuyo mandato no es legal y que están ordenando el sistema político. El ex presidente del Estado y del Tribunal Supremo de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, celebró la promulgación de la ley en su cuenta de X y escribió: “El pueblo no merecía una justicia manipulada y secuestrada desde el Tribunal Constitucional”.