El gobierno de Bolivia denunció que seguidores de Evo Morales mantienen como rehenes a más de 200 oficiales tras el asalto a tres unidades militares

• Campesinos afines a Evo Morales asaltaron tres unidades militares y mantienen como rehenes a más de 200 oficiales bolivianos.
• Se apropiaron de armamento y municiones exclusivas del Ejército, según la cancillería boliviana.
• El gobierno de Luis Arce denuncia desestabilización y reitera disposición al diálogo, pero sin cesar las tareas para restituir la normalidad de las carreteras bloqueadas por los seguidores del ex presidente.

Lo esencial: en medio de las protestas que ya llevan 20 días, seguidores de Evo Morales asaltaron unidades militares en Chapare, Cochabamba, tomando como rehenes a más de 200 soldados y robando armas de uso exclusivo del Ejército. La cancillería denunció los hechos como una grave amenaza a la seguridad nacional y pidió intervención internacional. El presidente Luis Arce condenó las acciones, acusando a Morales de buscar acortar su mandato. En un video, Morales se declaró en huelga de hambre y desafió al gobierno, mientras los bloqueos de rutas continúan afectando la economía.

En medio de la creciente tensión en Bolivia, este sábado el Gobierno denunció que al menos 200 militares permanecen retenidos por campesinos afines al ex presidente Evo Morales, tras el asalto a tres cuarteles en el marco de las protestas que comenzaron hace 20 días.

“En la víspera, tres unidades militares han sido asaltadas por grupos irregulares en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba, tomando como rehenes a más de doscientos efectivos militares de estas unidades y apropiándose de armamento de guerra y municiones que se encontraba al interior de los recintos castrenses y que son para uso exclusivo de la institución armada, lo cual, al margen de ser un grave delito, se constituye en una amenaza y un riesgo para toda la población boliviana de imprevisibles consecuencias”, señaló la cancillería en un comunicado emitido este sábado.

De esta manera, el gobierno de Luis Arce, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció ante la comunidad internacional que la escalada desestabilizadora en contra del sistema democrático continúa, “pese a los esfuerzos y reiteradas convocatorias al diálogo realizadas” por el presidente.

“El Gobierno ha ratificado su plena voluntad y predisposición al diálogo con todos los sectores sociales del país, pero deja claramente establecido que el mismo no podrá instalarse mientras el pueblo boliviano siga siendo víctima de los abusos por parte de estos grupos a quienes no les interesa la economía nacional y popular, y que solo buscan materializar los intereses personales y electorales de un ex presidente”, agrega el texto difundido por la cancillería.

En plena escalada del conflicto, las autoridades apuntaron directamente contra Evo Morales, a quien acusaron de querer “acortar” el mandato de Arce.

“El anuncio de un cuarto intermedio en el bloqueo de rutas -que no se va a concretar- y su sustitución por una huelga de hambre solo es un estratagema para reducir el impacto negativo de la medida sobre el líder de la protesta y para llamar la atención de la comunidad internacional. Es decir, detrás de una retórica radical, el proyecto de esta facción política, que nada tiene de progresista y de izquierda, sigue siendo el de acortar el mandato del Presidente Luis Arce”, sostiene la cancillería boliviana.

Y concluye afirmando que continuarán con las tareas para restablecer la normalidad en las rutas del país: “Todas aquellas personas que continúen con ese tipo de acciones contrarias a la ley serán aprehendidas y puestas a disposición del Órgano Judicial para su procesamiento y correspondiente sanción, pues nadie en nuestro país puede estar por encima de la ley”.

El presidente Arce dijo en la víspera que “no es posible ningún diálogo mientras se siga asfixiando la economía” y anunció que el desbloqueo en la localidad Parotani es “el primer paso” para seguir trabajando en la liberación de todas las carreteras que se mantienen cortadas.

Los bloqueos en el Trópico de Cochabamba que conecta con el oriente de Bolivia cumplen 20 días, así como las rutas hacia el sur del país.

Mientras que la vía principal hacia el occidente fue totalmente liberada tras la intervención de las fuerzas de seguridad y militares en medio de enfrentamientos con gases lacrimógenos y dinamita.

Los seguidores de Morales exigen con los bloqueos que se retiren los procesos judiciales contra su líder por trata de personas y estupro, se resuelvan los problemas económicos y también en defensa de la candidatura presidencial del político para los comicios de 2025.

Arce y Morales están distanciados desde 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la directiva nacional del MAS y elegir al candidato oficialista para las elecciones de 2025.

En un claro desafío al actual mandatario, el líder cocalero inició en la noche de este viernes una huelga de hambre en la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba como medida de presión.

“Pueden detenerme, ojalá que no me maten por favor. Estaba (estuve) muchas veces en la cárcel. No tengo ningún miedo, pero no me voy a ir de Bolivia. Estoy con mi pueblo y con el pueblo vamos a resistir. Vamos a enfrentar y derrotar a un gobierno corrupto, un gobierno narco...”, declaró en un video publicado en su cuenta en la red social X.

La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación ante la agudización del conflicto en Bolivia, “en particular por reportes sobre la toma de un regimiento militar en Villa Tunari y la retención ilegal de integrantes de las fuerzas armadas por parte de civiles”. En ese contexto, llamó al Estado “a tomar medidas para garantizar la vida de las personas retenidas y atender los puntos de conflictividad, privilegiando el diálogo”.

“Es primordial que altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos que se pronuncien sobre los hechos en cuestión contribuyan, con su discurso, a un ambiente favorable a la deliberación pública abierta y plural”, señaló el organismo internacional.