El Ministerio Público de Bolivia apeló la decisión de excluir a Jeanine Añez del caso Golpe de Estado I

Este jueves, después de diez horas de audiencia, el Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz determinó excluir a la ex presidenta de Bolivia Jeanine Añez del caso denominado Golpe de Estado I, en el que se la investigaba por el delito de terrorismo durante las protestas sociales previas a la renuncia de Evo Morales en 2019.

Los jueces dieron curso a un recurso planteado por la defensa de Añez que argumentaba que no puede ser procesada dos veces por un mismo hecho, en referencia al caso “Golpe de Estado II”, por el cual cumple una condena de diez años desde junio de 2022.

El Ministerio Público apeló la decisión de apartar a la ex mandataria del caso, según informó el subprocurador del Estado, Ricardo Condori. “Ha concluido la audiencia, estamos sorprendidos por la decisión que ha asumido el tribunal (…) la misma que por procedimiento ha sido apelada”, manifestó Condori en declaraciones recogidas por el periódico La Razón y añadió que su alejamiento es temporal.

Los otros acusados son Luis Fernando Camacho, ex líder cívico y gobernador suspendido de Santa Cruz, y Marco Antonio Pumari, ex presidente del Comité Cívico de Potosí; ambos lideraron las protestas sociales en contra del Gobierno de Evo Morales en 2019. Ellos continuarán en el juicio que tiene su próxima audiencia prevista el jueves 24 de octubre.

Camacho está en la cárcel de Chonchocoro en la ciudad de El Alto desde diciembre de 2022 y Marco Antonio Pumari en el centro penitenciario de Cantumarca, en Potosí, desde diciembre de 2021.

El caso denominado “Golpe de Estado I” investiga sucesos post electorales que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, en medio de acusaciones de fraude electoral y manifestaciones sociales que cobraron fuerza con un motín policial y con la sugerencia de la cúpula militar para que el jefe de Estado renuncie al cargo.

Camacho comandaba las protestas en Santa Cruz y Marco Antonio Pumari en Potosí, que luego se extendieron por todo el país. Tras la renuncia pública de Morales y de quienes lo seguían en la línea de sucesión constitucional, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Áñez, asumió la presidencia del Senado y luego de la del Estado en sesiones que no cumplieron con los procedimientos legales establecidos.

La investigación se abrió en 2020 a denuncia de la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, que interpuso la querella penal en contra de la ex presidenta interina y los dos líderes cívicos, entre otras ex autoridades involucradas en los hechos que se investiga.

Este jueves el tribunal de justicia declaró en rebeldía a los ex comandantes de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana y Williams Kaliman, quienes jugaron un rol determinante en la caída del Gobierno de Morales al sugerir su renuncia.

La defensa de Áñez presentó un recurso de incompetencia en el que argumenta que la expresidenta debía ser juzgada en un juicio de responsabilidades y no en uno ordinario.

Esta decisión causó controversia en Bolivia luego de que el ex ministro de Justicia, Iván Lima, dijera que se abrió un proceso ordinario “por capricho” de Morales. Poco después, el líder cocalero confirmó que la decisión fue política al revelar que se asumió en un encuentro en Cochabamba entre autoridades, miembros del MAS y líderes de organizaciones sociales.

A raíz de estas declaraciones, varios actores políticos han respaldado a la ex presidenta y han pedido la anulación de los juicios que enfrenta.