Ministro de Gobierno de Ecuador: “Quieren calentarnos las calles”

El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, aseguró que con el periodo electoral en marcha, “como ya no lo pueden hacer en las cárceles, ahora lo hacen en las calles”. El secretario de Estado se refirió a los últimos incendios en Quito, que fueron catalogados como actos terroristas, y reiteró que la capital política del Ecuador debe ser resguardada.

Wong, uno de los hombres de confianza del presidente Daniel Noboa, indicó que hay planes de desestabilización, aunque no ahondó en detalles, y aseguró que el gobierno “no permitirá que eso pase”. Además, Wong dijo: “Vamos a tener que cuidar nuestra ciudad (Quito). Ya lo hicieron con incendios. Necesitamos cuidar la capital”, señaló.

Las declaraciones de Wong han sido interpretadas como una explicación de por qué el presidente Noboa incluyó a Quito en su último decreto de estado de excepción focalizado para ocho jurisdicciones del país.

La medida excepcional se tomó como respuesta al aumento de la violencia y la inseguridad generada por los grupos armados organizados, que operan a través del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos graves, según se lee en el decreto. El objetivo, explicó la Presidencia, es restaurar la paz y el orden en las zonas más afectadas, con la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El decreto establece la medida en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, en la Costa ecuatoriana y el cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia serrana de Azuay. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez Quito, la capital del país, también ha sido incluida debido al incremento de la criminalidad en la ciudad.

El estado de excepción incluye la suspensión temporal de algunos derechos constitucionales como la libertad de reunión y asociación, con el fin de facilitar las operaciones de las fuerzas del orden. El uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido autorizado de manera “extraordinaria, subordinada y complementaria” a las funciones civiles de seguridad.

Según el documento oficial, la inclusión de Quito responde a los recientes atentados violentos y decomisos de armas. Un informe de la Policía Nacional señaló que se han realizado allanamientos en los que se incautaron fusiles, granadas y explosivos en distintos sectores de la ciudad, evidenciando la infiltración de grupos narcocriminales que operan en la capital. Además, varios ataques armados en lugares públicos –incluido el sicariato contra una funcionaria del servicio de cárceles– y la creciente inseguridad en zonas residenciales y comerciales han encendido las alarmas del gobierno. No obstante, tras las declaraciones de Wong, se sospecha sobre la necesidad de contener otro tipo de actos que tengan afectación política.

Una encuesta de Informe Confidencial indica que 6 de cada 10 ecuatorianos considera que la situación actual del país es peor que hace un año. En Quito, el porcentaje de percepción sobre esto es del 66 por ciento. La ciudadanía enfrenta severas incomodidades provocadas por los racionamientos programados por el estiaje –que son de entre cuatro y seis horas–, pero también por la falta de empleo y la inseguridad.

Según informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito a un centro clave del narcotráfico internacional, lo que ha generado una espiral de violencia. Según un informe del Ministerio del Interior, citado en el decreto: “Desde enero de 2024, se han documentado 500 homicidios intencionales, de los cuales 363 corresponden a dobles asesinatos, 96 a triples, y así sucesivamente, hasta eventos de hasta 10 víctimas en un solo ataque. Esto no solo evidencia la brutalidad de los actos, sino también una estrategia operativa que busca causar un impacto psicológico en la sociedad y en las fuerzas del orden. Las cifras indican que los grupos criminales están actuando con un nivel de organización y letalidad alarmante”.

En ese escenario, un levantamiento social podría estar en el radar del gobierno. Un suceso así podría perjudicar las aspiraciones del mandatario de elegirse para un periodo completo de cuatro años en el 2025, pues ahora Noboa completa el mandato inconcluso del ex presidente Guillermo Lasso.