Ecuador y la ONU implementan un plan conjunto para combatir incendios forestales y enfrentar la sequía

Ecuador enfrenta una emergencia climática debido a la ola de incendios forestales y la severa sequía que afecta a gran parte del país. Frente a esta situación, el gobierno ecuatoriano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han reforzado su cooperación para responder de manera eficaz a los desastres naturales que continúan afectando a miles de personas en varias provincias del país.

Durante una reunión entre el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE) y el Equipo Humanitario País de la ONU, ambas entidades discutieron la implementación de estrategias conjuntas para combatir los incendios forestales, abordar el desabastecimiento de agua y mitigar el impacto en la seguridad alimentaria, según informó la Cancillería en un comunicado. La colaboración entre el gobierno y los organismos internacionales se ha centrado en cerrar brechas operativas y mejorar la coordinación entre actores locales e internacionales.

La canciller, Gabriela Sommerfeld, destacó la importancia de esta colaboración y destacó que coordinación es clave para enfrentar estas crisis: “Solo a través de la acción conjunta podemos superar los desafíos que nos impone esta emergencia”, mencionó la ministra, de acuerdo a la comunicación compartida a la prensa.

El impacto de los incendios forestales ha sido devastador. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hasta el 27 de septiembre se contabilizaron 3.496 incendios en 22 provincias del país, afectando a cerca de 40.000 hectáreas de vegetación y provocando daños a nivel ambiental, social y económico. Las pérdidas para las familias que dependen de la agricultura y otras actividades productivas son significativas, y las autoridades han señalado que la situación está lejos de ser controlada: “Tenemos pronósticos favorables de lluvias en la región interandina y la Amazonía. Sin embargo, el déficit hídrico no se superará de forma inmediata”, explicó Jorge Carrillo, secretario nacional de Gestión de Riesgos.

El apoyo de la ONU es crucial en los esfuerzos de respuesta a esta emergencia climática, según las autoridades. Lena Savelli, coordinadora residente de la ONU en Ecuador, afirmó que el Equipo Humanitario País está comprometido en brindar asistencia técnica y operacional a las autoridades nacionales. Su labor incluye la identificación de las principales necesidades humanitarias, el desarrollo de planes de respuesta para los sectores más afectados, y la capacitación de equipos técnicos locales. Savelli explicó que, además de la respuesta inmediata, la ONU está enfocada en establecer medidas a mediano y largo plazo para ayudar a Ecuador a superar esta crisis y prepararse mejor para futuros desastres.

Durante la última semana de septiembre, múltiples incendios forestales afectaron gravemente a varias ciudades, incluyendo Quito y Guayaquil. En la capital, el fuego arrasó zonas boscosas cercanas a la ciudad, generando una densa nube de humo que afectó la calidad del aire y provocó alarma entre los residentes. Las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia para controlar las llamas y, producto de la emergencia, se suspendieron las actividades presenciales porque los niveles de contaminación del aire llegaron a ser insalubres en algunas zonas. Guayaquil también fue escenario de incendios forestales que amenazaron áreas residenciales y provocaron la movilización de los cuerpos de bomberos.

Otras regiones como Vilcabamba, en la provincia de Loja, al sur del país, también se vieron gravemente afectadas. Esta parroquia, conocida como el valle de la longevidad, sufrió incendios que destruyeron extensas áreas de vegetación. Los agricultores de la zona, que dependen de la tierra para su sustento, ahora enfrentan la pérdida de sus cosechas.

Si bien las autoridades meteorológicas han pronosticado lluvias para algunas regiones del país en las próximas semanas, el déficit hídrico y los daños causados por los incendios no se resolverán de inmediato. Ecuador, además de los incendios, enfrenta apagones programados y racionamientos de agua en varias provincias.