Revelan que el juicio ordinario contra Jeanine Añez fue por “capricho” de Evo Morales

El exministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, manifestó que lo más probable es que el caso termine en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juicio por el que se la acusa de genocidio entró a la fase oral en septiembre

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FOTO DE ARCHIVO: La expresidenta
FOTO DE ARCHIVO: La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, es vista dentro de un automóvil fuera de una sede de la policía boliviana en La Paz, Bolivia 13 marzo, 2021. REUTERS/Manuel Claure/File Photo

El juicio ordinario que se lleva adelante contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Añez por la denominada Masacre de Senkata se debe a un “capricho” de Evo Morales, manifestó el exministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, que el viernes presentó su renuncia al cargo.

Aquí hay un responsable de ese juicio ordinario y ese es Evo Morales”, afirmó el exministro en una entrevista en la radio Erbol, luego de contar que uno de los motivos de su distanciamiento con el ala evista del partido, fue debido a que él presentó una demanda de juicio de responsabilidades por este caso, por considerar que esa era la vía del proceso. Lima agregó que lo más probable es que el caso termine en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este caso se acusa a la expresidenta de genocidio y se pide la pena máxima de 30 años de prisión por la acción militar en la que murieron diez personas durante una revuelta ciudadana en la zona de Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre de 2019.

Un par de años más tarde, con el Movimiento Al Socialismo (MAS) de vuelta en el Gobierno, hubo cierta controversia por el tipo de juicio que se iba a interponer en contra de Añez. La oposición consideraba que correspondía un juicio de responsabilidades por su condición de presidenta y el MAS, principalmente el ala evista, pedía un juicio ordinario, al considerar que su gobierno no había sido constitucional sino producto de un “golpe de Estado”.

Imagen de archivo. Manifestantes piden
Imagen de archivo. Manifestantes piden cárcel para la expresidenta Jeanine Añez en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, el 14 de marzo de 2021. REUTERS/David Mercado/File Photo

Finalmente, la Justicia determinó procesarla por la vía ordinaria y el juicio entró a fase oral a mediados de septiembre de este año.

Tras conocer las declaraciones de Lima, Añez le respondió en su cuenta de X: “Usted no se salva porque contrariamente a lo que ahora dice, hizo exactamente al revés para negar los derechos de una expresidenta y de todos los presos políticos, civiles, policiales y militares, que cumplieron su deber de pacificar Bolivia y proteger al pueblo que el MAS atacó, persiguió y bloqueó sin consideración”.

La revelación del exministro despertó otras críticas entre analistas y periodistas, quienes afirman que devela la politización de la justicia y cómo ésta se somete al poder de turno. El periodista Andrés Gómez Vela manifestó que la información que brindó Iván Lima es “gravísima” porque muestra que en Bolivia no hay Estado de Derecho “porque gobierna el capricho del jefe del MAS, no gobierna la ley”.

A cinco años de Senkata

El caso por el que se juzga a Jeanine Añez ocurrió el 19 de noviembre de 2019, una semana después de que asumiera la Presidencia del país tras la renuncia de Evo Morales.

Ese día las Fuerzas Armadas intervinieron una protesta en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en la zona de Senkata, en El Alto, bajo el amparo de un decreto supremo que eximía a los militares de responsabilidades penales por sus actuaciones.

Militares resguardan la planta de
Militares resguardan la planta de YPFB en Senkata, El Alto, el 20 de noviembre de 2019, un día después de los conflictos que causaron la muerte de 10 personas. (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)

Según la versión oficial que se dio en aquel entonces, grupos afines al expresidente Evo Morales pretendían tomar el predio “para dañar las instalaciones con el uso de explosivos poniendo en peligro a los habitantes de la urbe alteña”, decía un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa. Sin embargo, esta intención nunca fue demostrada y varios representantes del Movimiento Al Socialismo la negaron sistemáticamente.

En esa acción militar murieron diez personas por impacto de bala, según confirmó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por este caso hay un total de 18 personas acusadas entre las cuales están el exministro de Gobierno Arturo Murillo, el exministro de Defensa, Fernando López y el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, declarados en rebeldía.

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