Los empresarios del agro uruguayo recibieron, en el último período de gobierno, una serie de noticias que les dejaron un gusto agridulce. Con la pandemia, el sector no dejó de producir y sus productos registraron precios altos en el mercado internacional. Pero luego los valores empezaron a bajar y Uruguay atravesó la sequía más grande de los últimos 100 años, lo que significó pérdidas por USD 1.800 millones para el rubro.
“El resultado: poco producto, con altos costos y precios bajos”, resumió el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortabarría, este sábado en su discurso de cierre de la Expo Prado 2024, la principal exposición ganadera y agroindustrial del país.
A estos dos factores, explicados por factores externos, se le suma la política monetaria contractiva que tomó el Banco Central del Uruguay (BCU) con el objetivo de bajar la inflación. “Es algo bueno para el país, lo acompañamos, pero esto para el agro no fue gratis”, dijo el empresario en su discurso.
Uruguay logró controlar la suba de precios y el Índice de Precios del Consumo lleva 15 meses dentro del rango meta que fijaron las autoridades monetarias.
El presidente de la ARU felicitó al gobierno por este “logro”, que permite hacer “preservar” el valor de la moneda uruguaya. Sin embargo, cuestionó que no hubo una política fiscal pensada en la reducción del gasto público. Uruguay, señaló, pasó de un Producto Bruto Interno de USD 62.000 millones a USD 72.000 millones, pero el gasto sigue siendo un 30% de ese total.
“Como sector pagamos el costo de bajar la inflación. Ahora debemos alcanzar los beneficios de esa política”, señaló.
“Con este nivel de déficit fiscal y con esta política monetaria seguirá estando presente el atraso cambiario. Es nuestro rol como gremialistas seguir pregonando para que esto cambie”, dijo el ruralista.
Cortabarría señaló que los productores rurales uruguayos se enfrentan hoy a precios internacionales que “siguen bajando” y que se sitúan en términos reales “por debajo del promedio de los últimos 20 años”. “Si bien los costos de los insumos importados bajaron, no lo hicieron en igual proporción. Este desequilibrio nos impone un desafío muy importante para la próxima zafra agrícola. Seguimos pagando el combustible más alto de la región, la energía eléctrica más alta de la región, y todo ello por los sobrecostos internos”, expresó.
La ARU llamó a que Uruguay se plantee avanzar hacia el desarrollo, pero lamentó que el Estado ponga “un freno” a este impulso. “No me refiero a este gobierno en particular. Es a todos los gobiernos que nos vienen acumulando capas y más capas a lo largo de los años, generando cada vez más regulaciones y trámites que perjudican la velocidad de crecimiento y la libertad de generar valor”, sostuvo.
Cortabarría sugirió que haya una “pequeña revolución” de micro reformas que flexibilicen los trámites, los permisos y los certificados. Pidió que el estado sea “pro empresas” y “pro personas” para que se facilite la “vida del ciudadano y del empresario”.
“La sociedad toda deberá pensar qué país queremos. Debemos tener presente que el agro es la fuente básica de suministro de alimentos y generación de riqueza. Se presiona al agro para tener mayor producción, aumentar su productividad, pero al mismo tiempo se plantean regulaciones que nos limitan ese aumento de productividad planteando una contraposición entre el sector agropecuario y el ambiente”, sostuvo.
Cortabarría pidió que se eliminen tasas y trámites que “ya no tienen sentido”, que se mantengan las leyes de promoción de inversiones y que se promueva el acceso a nuevos mercados y se bajen los aranceles.
“El agro siempre responde. Cuando se dan las condiciones, el agro siempre responde. Pero hay urgencia en las reformas necesarias. El agro hoy necesita de esa pista de despegue, esa mejora de la competitividad que nos permita crecer para poder dejar a nuestros hijos una mejor sociedad”, señaló.
La ARU también se expresó en contra del plebiscito de seguridad social de Uruguay, que elimina los fondos de pensiones, establece la edad de retiro en 60 años e iguala las jubilaciones mínimas al salario mínimo.
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