El Gobierno de Bolivia anunció este miércoles dos medidas con las que buscará disminuir los efectos de la crisis económica que el país atraviesa hace meses y que han desatado el malestar de la gente, que sale a las calles a protestar y corta los caminos en señal de reclamo.
El primero de los cambios fue comunicado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y se enfoca en la producción del biodiésel. El funcionario informó que se definió que se “pueda importar maquinaria y factorías con gravamen arancelario cero”, con el objetivo de fomentar la “nueva producción” de cultivos de soja, cusi, totaí y otras plantas que contribuyen al proceso de generación del biocombustible que, luego, es vendido como producto final a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Según el líder de la cartera, se espera que gracias a este incentivo, en los próximos meses, el sector privado esté en condiciones de instalar cinco o seis fábricas, de unos USD 30 millones cada una, y con una capacidad de producción de entre 40 a 80 millones de litros del hidrocarburo.
A pesar de ser una medida a largo plazo, el Gobierno confía en que permitirá que el país “sea, gradualmente, menos dependiente de la importación de diésel”.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Félix Huanca anunció que este mismo gravamen arancelario cero alcanzará a la importación de trigo y harina de trigo hasta el 31 de diciembre del presente año, con el objetivo de “facilitar y abaratar los precios” y, consecuentemente, garantizar “el abastecimiento al mercado local”.
Bolivia solo produce el 30% de este cereal y compra el restante 70% a países como Argentina o Estados Unidos. Sin embargo, el precio de la cosecha nacional supera ampliamente la del exterior, cotizando en 450 dólares la tonelada, frente a los 270 dólares de Buenos Aires o los 257 dólares de Washington.
Según Huanca, “estos precios en Bolivia nunca han sido tan altos y, posiblemente, exista una especie de especulación”, sumado a las “afectaciones climáticas”, que encarecieron el producto.
De todas formas, el Gobierno tiene en marcha la importación de 60 toneladas de trigo y el sector privado de otras 12.000, que serán entregadas a las compañías panificadoras para mantener estable el precio del pan y evitar mayores perjuicios en la cotidianeidad de las personas.
Los anuncios se conocieron apenas unas horas después de que el Gobierno se reuniera con empresarios y productores que manifestaron su preocupación por la crisis económica y exigieron medidas urgentes para contrarrestar sus efectos. “Es una crisis que afecta a todos y, por eso, urgen las soluciones”, apuntó Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de los empresarios de Santa Cruz.
En tanto, la gente no cedió ante las noticias y mantiene vigentes las recurrentes protestas y cortes de caminos como señal de rechazo a la mala gestión de la situación que, inclusive, afectó a los enfermos, con la suba del precio de los medicamentos. “Están condenando a los pacientes”, lamentó Susana Zuazo, secretaria de fiscalización de la Asociación de Personas con Cáncer y Familiares de Bolivia.
Arce, que sólo recientemente comenzó a reconocer la existencia de la crisis, sigue culpando a cuestiones externas de este escenario, como los conflictos en otros continentes, la crisis mundial, el cambio climático y la caída en la producción de gas de los últimos años.
(Con información de AP y EFE)
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