Este miércoles, la Comisión de Constitución del Senado dijo por unanimidad “no ha lugar” a la indicación ingresada por el Gobierno de Gabriel Boric al proyecto de ley que moderniza la gestión de notarios (escribanos), conservadores y archiveros judiciales, que buscaba impedir que parientes de autoridades sean nombrados en estos cargos, cosa que ocurre actualmente.
El proyecto, que duerme en el Congreso desde septiembre de 2018, apunta a eliminar el nombramiento de estos cargos por el Poder Judicial - que propone una terna al presidente de la República para que él decida - y dejarlo en manos de la Alta Dirección Pública, organismo que asegura la transparencia del proceso. Según el Decreto N° 1.515 de 2017 de Justicia, existen en el país un total de 431 cargos de notario, de los cuales 109 están asignados además para el cumplimiento de una o más funciones, como las de conservador y archivero, entre otros.
Cabe destacar que los notarios son abogados que están autorizados para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. El conservador, por su parte, es el ministro de fe encargado de los registros de bienes raíces y su labor es mantener la historia de la propiedad inmueble y los gravámenes que pueden afectarlos. Sus sueldos son millonarios y el sistema ha sido altamente cuestionado por la poca transparencia en sus designaciones y lo caro y obsoleto del servicio.
He aquí la iniciativa rechazada:
“No podrá ser nombrado en alguno de los cargos que integran la segunda serie del Escalafón Secundario (notarios, archiveros y conservadores) ni ser incluido en la nómina correspondiente, quien se encuentre ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado, o por adopción, al Presidente de la República, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los gobernadores regionales, a los senadores, a los diputados, al fiscal nacional del Ministerio Público, al contralor general de la República, a los ministros del Tribunal Constitucional, a los funcionarios del Escalafón Primario del Poder Judicial o a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta inhabilidad se extenderá hasta por un plazo de tres años contados desde el cese efectivo de la respectiva autoridad en su cargo”.
En simple, los senadores aprobaron que sus familiares puedan seguir siendo nombrados en estos cargos, cosa que no gustó nada en el Gobierno.
Según consignó La Tercera, fue el senador Francisco Huenchumilla (DC), cuya esposa es notaria de la ciudad de Lautaro, quien pidió revisar esta indicación arguyendo que, dado que la Alta Dirección Pública será ahora la que vise este tipo de nombramientos, era “excesivo” que se prohiba la postulación de los familiares de congresistas.
Un caso similar es el del senador Francisco Chahuán (RN), hijo de Lidia María Chahuán Issa, notaria de La Calera. Chauán ha optado por abstenerse públicamente de opinar sobre el proyecto.
A ellos se suma el senador Manuel José Ossandón (RN), cuyo hijo, Manuel José Ossandón Lira desempeña funciones en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Gobierno insistirá en inhabilidad de familiares
Ante esta situación, el ministro de Justicia, Luis Cordero aseguró que desde el Gobierno volverán a ingresar la indicación, puesto que los mismos integrantes de la Comisión de Constitución estarían dispuestos a negociar el tema.
“Nosotros entendemos que la Comisión de Constitución es soberana para aprobar o rechazar las indicaciones, pero es una indicación respecto a la cual el Ejecutivo va a insistir”, recalcó Cordero.
Según el ministro, “tengo la impresión de las conversaciones que nosotros hemos tenido hasta ahora, que la voluntad de la Comisión de Constitución es ampliar esa inhabilidad”, remató optimista.
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