La ex fiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra saldrá al exilio en medio de una persecución en su contra

La ex fiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra anunció este jueves que saldrá al exilio para “preservar su vida”, tras dos años en prisión por un supuesto caso administrativo en su contra y una sentencia de cinco años de prisión conmutables dictada la semana pasada por un tribunal.

“Lo hago con tristeza y con plena consciencia de que esta decisión será especialmente dura para mi familia, mis amistades y mis abogados. Les pido que entiendan la dificultad de mi decisión y que procedo con el objetivo único de protegerme y protegerles”, expresó la abogada Laparra en una carta a la que la agencia de noticias EFE tuvo acceso.

La ex fiscal agregó que las dos sentencias en su contra, las cuales considera arbitrarias, impulsaron su decisión de salir del país, así como la “amenaza de que la persecución penal no se detenga”, en palabras de la jurista.

“Más que nunca, tengo certeza de que la verdad está de mi lado. Desde el exilio, les vuelvo a confirmar: eso nunca me lo podrán arrebatar”, concluye la carta de Laparra.

Entre 2020 y 2022, Laparra estuvo en prisión por un supuesto caso de abuso de poder que fue impulsado por la denuncia del juez Lesther Castellanos, quien tiene diversas acusaciones de corrupción en su contra, incluida una sanción por parte de Estados Unidos.

La semana pasada la abogada fue condenada a cinco años de prisión conmutables por supuestamente divulgar información confidencial de un caso en 2017 y el Estado de Guatemala pidió la sentencia, sumándose como agraviado.

Durante su estadía en prisión, la defensa de Laparra y organizaciones internacionales denunciaron violaciones a sus derechos y complicaciones de salud que no fueron atendidas oportunamente por las autoridades.

Entre 2019 y 2023, más de 50 operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y activistas de Guatemala decidieron salir al exilio tras denunciar persecución política en su contra por parte del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula está sancionada por EEUU.

El pasado 8 de marzo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, entregó un reconocimiento a Laparra, por su excelencia laboral, durante un acto oficial realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, sede de Gobierno.

Un caso débil

El caso contra Laparra es débil. Se resume así: cuando en 2017 ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público en Quetzaltenango, una de las ciudades más grandes de Guatemala, denunció a un juez, Lesther Castellanos, por supuesta filtración indebida de información reservada a un investigado.

A partir de entonces Castellanos y el abogado al que se supone filtró la información, Omar Barrios, iniciaron una cruzada de acoso por redes sociales y en entrevistas televisivas que culminó con una denuncia judicial por abuso de autoridad.

En febrero de 2022, un tribunal en la capital guatemalteca -cuya competencia la defensa de Laparra cuestionó- la condenó a cuatro años de prisión por abuso continuado de autoridad. El razonamiento de la jueza es que Laparra denunció al juez Castellanos sin contar con la autorización de su jefe, quien en aquel momento era Juan Francisco Sandoval, el jefe de FECI y quien en la actualidad vive exiliado en Washington DC, luego de ser, él también, perseguido por las autoridades de su país.

Durante el proceso judicial, la defensa de Laparra confirmó que la ex fiscal había cumplido con todos los requisitos legales para denunciar al juez Castellanos y defendió su derecho a exponer ante la justicia a un funcionario. La jueza del caso, Oly González, no escuchó razones y, asegurando que Laparra no había denunciado de forma adecuada, la sentenció a cuatro años en prisión por abuso de autoridad.

Era el mundo al revés. Ella, una mujer aguerrida, una fiscal que persiguió a poderosos de su país investigados por corrupción. Ellos, un juez y un abogado asociados con los grupos de poder político que gobernaron Guatemala hasta principios de este año; a ambos, el juez Castellanos y el abogado Barrios, el gobierno de Estados Unidos los ha sancionado y puesto en listas de funcionarios corruptos, protectores de criminales. Ella, la acusada; ellos, los acusadores.

(Con información de EFE)