El Gobierno de Bolivia confirmó que hay al menos 17 detenidos por el levantamiento militar

Las autoridades de Bolivia confirmaron en las últimas horas que ya son al menos 17 los detenidos por el intento de golpe de Estado de la víspera, entre ellos Juan José Zúñiga -quien encabezó el alzamiento en la plaza- y Juan Arnez Salvador, ex comandante de la Marina, además de algunos civiles como Aníbal Aguilar, un ex viceministro de la década de 1980 que coordinaba el programa de erradicación de narcocultivos. La cifra la dio a conocer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y agregó que aún hay una búsqueda activa sobre otros tres militares en servicio pasivo.

Por la mañana, el Ministro dijo que “hay una decena de militares detenidos por el intento de golpe”, algo que también replicó el Embajador ante la OEA, Héctor Arce, aunque a las pocas horas ya se había actualizado la información y se habían agregado las nuevas capturas, dispuestas en un organigrama que acompañó sus palabras.

Del Castillo aseguró también que se está trabajando junto a la Fiscalía para identificar a toda la red que apoyó el episodio en la Plaza Murillo, en el centro de La Paz, aunque ya se descartó la participación de la Fuerza Aérea. “Vamos a detener esta red antidemocrática, no vamos a descansar hasta que todos los responsables sean llevados ante la Justicia. Es momento de sacar a los golpistas de las calles y llevarlos tras las rejas”, prometió.

Aún se desconoce quiénes son los aprehendidos aunque, según el funcionario, los primeros operativos se activaron en el “entorno cercano” del ex General del Ejército y sumó que todos ellos enfrentan condenas de entre 15 y 30 años de cárcel.

Este miércoles, cerca de las 15:00 hora local, un grupo de militares se reunió en la plaza frente a la sede del Ejecutivo boliviano y amenazó con tomar el control de la institución. Con Zúñiga a la cabeza, el grupo logró derribar la puerta del edificio e ingresó a la sede. Desde allí, el ex General apuntó contra el Gobierno -especialmente contra Evo Morales, contra quien había estado cargando en los últimos días- y dijo que “quieren que las Fuerzas Armadas no existan, quieren libertad en este país para hacer lo que les da la gana (...) El Ejército se encuentra movilizado, en emergencia, acuartelado... acudimos al clamor del pueblo (...) Aquí están las Fuerzas Armadas por su pueblo”.

Momentos más tarde, sin embargo, se retiró y unas horas más tarde el presidente Luis Arce encabezó la ceremonia en la que formalmente lo destituyó de su cargo -luego de haberlo hecho de palabra la noche previa, en una reunión privada, que el afectado desacató- y puso fin a la revuelta.

Por la noche, la Policía procedió a detenerlo e iniciar una causa en la Fiscalía, para investigar todo lo sucedido. Al momento de su arresto, el militar aseguró que el propio Arce la había solicitado la acción porque “esta es una semana que va a ser crítica y era necesario preparar algo para levantar su popularidad”. “Ya desde el domingo en la noche los blindados empezaron a bajar”, sumó.

Más tarde, las autoridades privaron de su libertad a otro jefe militar, Juan Arnez Salvador, aunque no se especificaron las circunstancias de su detención ni su grado de participación. De todas formas, sí se notificó que ambos enfrentar cargos por los delitos de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y la soberanía del Estado.

A pesar de que la investigación siga en curso, de momento se ha logrado concluir que el intento de golpe llevó poco más de tres semanas de planificación -desde mayo-, por lo que sobrepasó por completo todas las advertencias que el Ejecutivo había recibido en el último tiempo por intentos de desestabilización o golpes “blandos”. Estas acciones, a su vez, representaron una grave falta de los oficiales a la labor de las instituciones de las que forman parte, ya que “un militar no puede deliberar sobre política, no puede deliberar sobre temas dentro del territorio nacional”, concluyó Del Castillo.