El Senado de Brasil aprobó este miércoles un impuesto federal del 20 % sobre las compras internacionales de hasta 50 dólares (46 euros), una iniciativa reclamada por la industria del país sudamericano y criticada por plataformas extranjeras de comercio electrónico.
La medida fue votada como parte de un proyecto de ley más amplio sobre movilidad verde, que ahora deberá volver a la Cámara de Diputados para ser discutido y luego tendrá que ser sancionado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha expresado dudas sobre el mismo.
La votación en el Senado llega después de que el relator del proyecto de ley anunciara que retiraba la parte que hacía referencia al nuevo impuesto, un movimiento que luego fue revertido por la mayoría de senadores.
Al final, la medida fue aprobada a través de votación “simbólica”, es decir, sin recuento de votos, para evitar que la impopularidad del tributo salpique a los legisladores, algunos de los cuales se presentan a las elecciones municipales del próximo octubre.
El impuesto era una demanda de la industria brasileña, que se quejaba de que la importación de productos extranjeros exentos de aranceles tenía un impacto negativo sobre la venta de la mercancía fabricada en el país sudamericano.
El nuevo tributo, también conocido como “impuesto de la blusa”, afectará principalmente a plataformas digitales de venta de ropa como la china Shein, que alertó de un “retroceso” y de una subida de precios tras su aprobación en la Cámara de Diputados la semana pasada.
Aunque el tributo sobre las compras internacionales no fue idea del Gobierno federal, Lula ha impulsado en los últimos meses medidas fiscales diversas, como la que grava a los fondos de inversión de los multimillonarios, con el objetivo de financiar los programas sociales.
En diciembre, Lula sancionó un proyecto de ley que regula y establece una serie de impuestos para las empresas y usuarios de apuestas deportivas y juegos de azar por internet.
El ministro de Hacienda de Lula, Fernando Haddad, impulsó la medida con la que el Gobierno busca aumentar la recaudación y aliviar el creciente déficit fiscal que soporta el país.
El proyecto establece que las empresas tendrán que pagar un 12 % sobre su facturación, mientras que a los apostantes se les aplicará un 15 % sobre el valor neto de los premios que obtenga en un año y siempre que estos superen los 2.112 reales (430 dólares).
El Gobierno pretendía, en su propuesta inicial, una tasa del 18 % sobre la facturación de la empresa y del 30 % para los apostadores premiados, porcentajes que bajaron durante el trámite y las negociaciones parlamentarias para su aprobación.
(Con información de EFE)
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