La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, trasladó este jueves la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), un ente adscrito a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de la República, que es la representante legal del Estado.
La Dirac pasará a formar parte ahora de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, adscrita a la Procuraduría General de la República, según una iniciativa enviada con carácter urgente por Daniel Ortega y aprobada de forma unánime por el Parlamento, en Managua.
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La Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos fue creada como un ente sin solución de continuidad del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) y de la Dirac, según el proyecto.
La nueva Procuraduría tendrá entre sus funciones salvaguardar los derechos del pueblo nicaragüense al garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas, según sus objetivos.
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Asimismo, contribuirá a la solución de conflictos a través de un sistema que protegerá el diálogo y la comunicación, así como la puesta en práctica de los métodos alternativos de solución de conflictos.
La norma establece que la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos será dirigida por un Procurador Nacional, quien tendrá a su cargo la dirección de Procompetencia y de la Dirac.
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Los recursos financieros, patrimoniales, bienes inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos inscritos a nombre de la Corte Suprema de Justicia en los que actualmente opera la Dirac a nivel nacional, se transfieran a la Procuraduría General de la República, según la normativa.
Según la prensa local, la Corte Suprema está “intervenida”
En enero pasado, el Parlamento aprobó en segunda legislatura una reforma a la Constitución Política y otra a la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina el porcentaje mínimo del 4 % del Presupuesto General de la República que, por ley, se asignaba al Poder Judicial.
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En noviembre pasado, los diputados también reformaron la Ley orgánica del Poder Judicial para incluir los cambios realizados en la Carta Magna, incluido el artículo que establecía que la modificación de las partidas presupuestarias se originaba únicamente por solicitud de la Corte Suprema y que era aprobada luego por el Parlamento.
La reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en ese entonces en primera votación en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra “intervenida” por la Policía Nacional.
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Según la prensa local, la Policía Nacional ha detenido a decenas de empleados del Poder Judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales y estaría bajo investigación.
Ni la Policía Nacional ni la Corte Suprema de Justicia se han referido desde entonces a esas presuntas detenciones e investigaciones, y Ramos, a quien no se le ve en público, dejó de participar en los actos oficiales que encabeza Ortega.
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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
(Con información de EFE)
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