El gobierno de Estados Unidos se prepara para volver a instaurar la sanciones al petróleo y el oro venezolano que había levantado meses atrás, luego de que el viernes el chavismo, a través de una decisión de la Justicia, decidiera mantener la inhabilitación a María Corina Machado, la candidata de la oposición para las elecciones previstas para este año.
En octubre, el gobierno de Joe Biden había levantado por seis meses algunas de las sanciones y luego del anuncio del chavismo se resolvió que se restablecerán, según informaron las agencias Bloomberg y Reuters en base a fuentes de la administración estadounidense.
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El asesor principal de Biden en asuntos para América Latina y el Caribe reposteó esa información en su cuenta de la red social X.

Según confirmó el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby en la conferencia diaria de la Casa Blanca, Estados Unidos esperará unos meses. “Tenemos opciones a nuestra disposición. No voy a avanzar ninguna de ellas en este momento, pero ciertamente tenemos opciones con respecto a sanciones y ese tipo de cosas que podemos tomar. Tienen hasta abril”, dijo en rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
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El chavismo ya adelantó, previo al anuncio de la Casa Blanca, que Venezuela responderá con “severidad” y medidas “recíprocas”.

“Estamos muy atentos a las acciones que tomen (en Washington) en los próximos días que puedan ser consideradas agresivas para con el derecho que tiene este país a vivir en paz, a progresar y a que se levanten todas las medidas coercitivas unilaterales”, dijo Jorge Rodríguez, el legislador del oficialismo al frente de la negociación con la oposición.
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“Si hay alguna acción agresiva, nuestra respuesta será severa, recíproca y enérgica”, aseguró a la prensa Rodríguez, que es hermano de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
La advertencia previa
El viernes 26, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó la inhabilitación política que le impide a María Corina Machado competir en comicios hasta el año 2036, algo que la líder opositora calificó este lunes como un acto de “delincuencia judicial”.
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La semana pasada, previo incluso a ese anuncio, el gobierno de Estados Unidos ya había marcado críticas al régimen venezolano dadas otras acciones de principio de semana con las que atacaron a opositores o periodistas.
El martes a la noche el Departamento de Estado cuestionó a la dictadura de Maduro y dijo mostrarse “profundamente preocupado por la emisión de órdenes de arresto y detenciones contra al menos 33 venezolanos”. Pero además, agregó una advertencia al régimen chavista: dijo que las acciones que vayan en contra de esos acuerdos “tendrán consecuencias”.
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Ese comunicado se conoció luego que el lunes 22, el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab, ordenó la detención de Sebastiana Barráez, periodista de Infobae, y de otro grupo de comunicadores y activistas por los derechos humanos entre los que se encuentran la abogada Tamara Sujú, Wender Villalobos, Norbey Marín, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina. Los acusa de conspirar en el marco de una supuesta operación a la que llamó “Brazalete Blanco”, que según el chavismo buscaba atentar contra Maduro.
En qué había cedido Estados Unidos
La adminsitración Biden realizó varios acuerdos con el gobierno de Maduro sobre finales de 2023. El primero de ellos implicó el retorno de los vuelos desde Estados Unidos a Caracas con ciudadanos venezolanos que son deportados desde norteamérica.
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Luego, en el marco de los acuerdos de Barbados en los que el régimen se había comprometido con la oposición a realizar elecciones y levantar proscripciones a candidatos, la segunda gran acción que realizó Washington con Caracas fue levantar parcialmente las sanciones a Venezuela en asuntos como la explotación petrolera y de oro.
El gobierno de Estados Unidos afirmó en esa oportunidad que el acuerdo también es beneficioso para los norteamericanos. En los primeros meses ya se observó una reducción de las ventas ilegales de petróleo que Venezuela hacía, para retornar al mercado legal.
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“La producción de petróleo era parte del comercio ilícito, en gran medida con la República Popular China, pero también con otros países, incluido Irán. Lo que estamos viendo ahora es que el comercio ilícito regresa al sector formal después de muchos años de estar fuera del sector formal. Esto es positivo ya que evita que este producto llegue a China e Irán. Es mejor para el pueblo venezolano y desde que el petróleo se vendía en el mercado negro, hay un descuento del 30% al 35% en el precio. Y es bueno para los consumidores estadounidenses porque obtenemos petróleo y otros productos que necesitamos”, dijo en noviembre el subsecretario del Departamento de Estado para asuntos de América Latina y el Caribe, Brian Nichols.

El tercer acuerdo fue el más polémico de todos porque además no tiene retroceso. A finales de diciembre el régimen chavista liberó a diez estadounidenses presos en Caracas pero implicó la liberación por parte de EEUU de Alex Saab, un aliado de Maduro detenido por lavado de dinero.
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Saab es un empresario colombiano muy cercano a Maduro, que también ha sido sindicado como su testaferro. Ese acuerdo implicó también la liberación de otros 20 presos políticos venezolanos.
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