La Fiscalía de Ecuador condenó el asesinato del fiscal César Suárez, que estaba a cargo de la investigación sobre el asalto armado a las instalaciones del canal ecuatoriano TC Televisión, tras un tiroteo en la tarde de este miércoles en la ciudad de Guayaquil llevado a cabo por miembros de un grupo armado.
“Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Continuaremos con más fuerza y compromiso”, señaló la fiscal general, Diana Salazar, en un mensaje grabado y transmitido en la red social X, antes Twitter.
En este sentido, hizo un llamamiento a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los fiscales tras “este hecho atroz” y pidió a la judicatura que autorice que se celebren las audiencias “de forma telemática”.
Además, Salazar informó que se han puesto en marcha las primeras diligencias en el lugar de los hechos “con el objetivo de garantizar” que el “crimen no quede en la impunidad”. “Quiero expresar mi más sincera nota de pesar a su familia y compañeros”, agregó.
Salazar dijo que la Fiscalía ha emprendido las primeras investigaciones sobre el asesinato de Suárez y tras expresar las condolencias a su familiares, aseguró que su legado acompañará las luchas del Ministerio Público contra el crimen.
Suárez fue baleado mientras circulaba con su vehículo por una avenida en el norte de la ciudad tras salir de la sede de la Policía Judicial. Varias unidades policiales han sido desplegadas para capturar a los responsables, ha informado la cadena Ecuavisa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron este mismo miércoles en un comunicado los “graves hechos de violencia” que se suceden en Ecuador y han instado al Estado a “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables.
“Reconocen la zozobra generalizada que estos hechos generan en la población ecuatoriana, y reiteran su disposición de cooperación con el Estado para la implementación de estándares interamericanos en las medidas que se adopten para garantizar la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la protección de periodistas”, ha agregado.
El fiscal, que trabajaba para la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, estaba a cargo del caso contra los once detenidos por delitos de terrorismo, cargo que conlleva una pena mínima de 16 años de cárcel y una máxima de 26 años.
Un grupo de encapuchados armados asaltó el canal ecuatoriano TC Televisión el pasado martes en medio de una oleada de violencia desatada por todo el país que obligó al presidente, Daniel Noboa, a declarar la existencia de un “conflicto armado interno” en el país a través del Decreto 111 y a desplegar a las Fuerzas Armadas.
Ese 9 de enero se cometieron acciones violentas en distintas partes de Ecuador, como el secuestro y asesinato de policías, artefactos explosivos, vehículos incendiados, motines en cárceles con alrededor de 200 rehenes, que ya fueron liberados, y la mencionada toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado.
Los hechos se suscitaron en un momento en el que el presidente Noboa se disponía a poner en marcha un plan de “mano dura” para recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por bandas del crimen organizado donde, desde 2020, han sido asesinados más de 450 presos en una serie de masacres carcelarias entre grupos rivales.
Esa violencia también se ha trasladado a las calles, donde en los últimos años Ecuador ha escalado hasta situarse como uno de los países más violentos del mundo, con alrededor de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023, año en el que fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Noboa decretó la semana pasada de forma inédita en Ecuador la existencia de un “conflicto armado interno” contra las mafias del crimen organizado, principalmente dedicadas al narcotráfico, y a las que ha catalogado como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a ser neutralizados por las fuerzas del orden.
Pese a que la situación se había calmado y los ecuatorianos buscaban recuperar la normalidad, ayer martes fue asesinado un agente de prisiones en la amazónica provincia de Sucumbíos y este miércoles se suscitó el crimen del fiscal César Suárez.
(Con información de Europa Press y EFE)
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