El sacerdote guatemalteco Juan Francisco Solís Melgar, director general del centro educativo católico Colegio Liceo Franciscano, en Managua, no pudo regresar a Nicaragua, en donde residía desde hacía 10 años, por la negativa del régimen de Daniel Ortega, denunció este viernes la abogada e investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
“Dictadura sandinista prohíbe entrada a fray Juan Francisco Solís Melgar, representante legal del Colegio Liceo Franciscano. Tenía mas de una década de vivir en el país”, indicó a través de X (antes Twitter) Molina, autora del estudio Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida? y que da seguimiento a esos casos.
Según la investigadora, las autoridades nicaragüenses también prohibieron el ingreso de otros tres sacerdotes -que no identificó- “que tenían que realizar misión en Nicaragua”.
De momento, ni el régimen ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua han ofrecido su versión sobre esa denuncia, aunque generalmente no la dan.
El sacerdote guatemalteco, que fue nombrado representante legal del centro educativo privado Colegio Liceo Franciscano, en Managua, desde el 20 de mayo de 2021, según el Diario Oficial La Gaceta, se encontraba en una misión pastoral en otro país, de acuerdo con la denuncia.
El Colegio Liceo Franciscano, que ofrece educación inicial de preescolar, primaria y secundaria, pertenece a la Orden de Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís en Nicaragua, de la que Solís Melgar es uno de sus representantes.
La negativa de dejar ingresar a Nicaragua al sacerdote guatemalteco se da en medio de la ola de arrestos de religiosos nicaragüenses y de las tensiones entre el régimen de Ortega y la Iglesia católica.
Dos obispos nicaragüenses -entre ellos monseñor Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión-, 13 sacerdotes y tres seminaristas se encuentran encarcelados en Nicaragua, según un informe elaborado por la investigadora Molina.
Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano.
El primero de enero, el papa Francisco expresó su “preocupación” por la detención de los sacerdotes católicos en Nicaragua y pidió que “se busque siempre el camino del diálogo” para superar los problemas.
De acuerdo a Molina, el régimen de Daniel Ortega ha prohibido que se mencione en los oficios religiosos el nombre de monseñor Rolando Álvarez. El obispo Álvarez ya suma más de 500 días en prisión y en febrero de 2023 fue condenado a 26 años de cárcel por “traición a la patria”.
La investigadora Martha Patricia Molina hizo llegar a Infobae un recuento de 15 religiosos capturados entre el 20 y 30 de diciembre de este año. En la mayoría de los casos, el detonante de la captura fue la mención de Álvarez durante las misas que han celebrado.
Para Martha Molina, abogada de profesión, la situación legal de los apresados es de “secuestro” en tanto “no media la voluntad del juez, no hay una orden judicial, simplemente lo desaparecen, no dan información a nadie. Están en desaparición forzada”.
La investigadora dice que el régimen de Ortega ha caído en paranoia por temor a convertir en un símbolo de resistencia a monseñor Álvarez, un obispo que a criterio de Molina ha dado muestras de “valentía, sinceridad e integridad”.
(Con información de EFE)
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