Uruguay decidirá en un plebiscito si habilita los allanamientos policiales nocturnos que hasta ahora están prohibidos en la Constitución

(Desde Montevideo, Uruguay) - La última campaña electoral en Uruguay, de 2019, estuvo marcada por una consulta popular que iba en paralelo a la elección del la fórmula presidencial y las autoridades parlamentarias. El dirigente del centroderechista Partido Nacional Jorge Larrañaga impulsaba una reforma constitucional denominada “Vivir sin miedo”, que proponía crear una guardia militar, creaba la cadena perpetua y habilitaba los allanamientos nocturnos. Parte de esa discusión ahora se reedita en el país.

El impulso para incluir en la Constitución esas propuestas no prosperó porque la papeleta del “Sí” necesitaba el 50% de los votos más uno, pero alcanzó el 46%.

Larrañaga, el impulsor de la campaña de 2019, fue elegido por Luis Lacalle Pou para el Ministerio del Interior, la cartera que se encarga de la seguridad. En mayo de 2021, el jerarca murió de un infarto, a los 64 años. El senador Carlos Camy, uno de los dirigentes del Partido Nacional cercano a Larrañaga, busca continuar con su legado y propone una nueva reforma constitucional, que solo incluye la habilitación de los allanamientos nocturnos y no todos los puntos discutidos en 2019.

Camy informó este miércoles en rueda de prensa que casi el 55% del Parlamento aprobó esta iniciativa, por lo que la Corte Electoral deberá convocar a un plebiscito cuando la Asamblea General le comunique esta decisión. Por lo tanto, junto con las próximas elecciones nacionales, del 27 de octubre de 2024, la ciudadanía deberá votar si los allanamientos nocturnos se habilitan o no.

El camino de la reforma constitucional propone revisar el artículo 11 de la Carta Magna uruguaya, que está vigente desde 1830. Esta norma establece que “el hogar es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo con orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

Que los allanamientos nocturnos estén habilitados durante el día y no por la noche es lo que provocó que “el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia” tengan una “ventaja” y lleven adelante las actividades delictivas por la noche, explicó el impulsor de la propuesta.

La reforma constitucional busca extender lo que está habilitado en las horas del día también en la noche, “con garantías expresas”, aclaró.

“Yo diría que esta propuesta es doblemente garantista porque se requiere de la intervención expresa de un juez para hacer un allanamiento nocturno, que tendrá que hacerlo en función de lo que la ley determine y la forma en que la ley establezca cómo proceder”, aseguró.

Camy sostuvo que estudió 203 textos constitucionales del mundo y que en solamente cuatro no están habilitados los allanamientos nocturnos: Uruguay, Guatemala, Mozambique y Cabo Verde. “Parece bastante razonable y sensato que lo que pudo haber sido válido hace 200 años hoy tenga que cambiar”, afirmó.

La iniciativa de Camy fue respaldada por todos los partidos, menos por el opositor Frente Amplio. La coalición de izquierda rechazó la propuesta porque considera que el tema está saldado desde que en 2019 la mayoría de la población votó en contra de la reforma. “Le falta trabajo a esta propuesta y es una bomba de humo que no va a resolver el problema de fondo”, declaró el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir.

En el Ministerio del Interior consideran que los allanamientos nocturnos sería una herramienta de “mejora notoria” porque permitiría actuar en “cualquier momento” cuando hay una investigación. La normativa uruguaya actual prohíbe que la policía ingrese a los hogares después de la puesta del sol.

“Tenés que esperar a la madrugada para realizar un allanamiento, dándoles muchas horas de ventaja a los delincuentes, que les da tiempo para eliminar evidencias o posibles pruebas en una instancia judicial”, justificó semanas atrás el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, entrevistado en El País.