Tres cubanos enfrentan cargos de hasta 30 años de cárcel por propaganda y violencia antigubernamental, dijeron medios estatales, tras ser vinculados en ataques que las autoridades alegan que fueron financiados desde fuera de Cuba y tenían como objetivo desestabilizar a la dictadura castrista.
Los fiscales están pidiendo entre 20 y 30 años de prisión para un hombre y dos mujeres que supuestamente arrojaron cócteles molotov contra un edificio que alberga los expedientes de un tribunal en el municipio de Centro Habana, informó la noche del domingo el noticiero de la televisión local.
El reporte señaló que los tres cubanos también habían atacado la estatal sede provincial de los comités vecinales de cuadra, o CDR, en La Habana, que tienen la tarea de movilizar el apoyo al gobierno.
Los presuntos responsables recibieron recargas de telefonía celular y alrededor de 10.000 pesos (unos 37 dólares al tipo de cambio del mercado negro) de grupos fuera del país a cambio de realizar los ataques y difundir “propaganda enemiga”, según la dictadura cubana.
1.062 personas tras las rejas por razones políticas
En su más reciente informe, correspondiente a octubre, Prisoners Defenders indicó que hay 16 nuevos presos políticos en Cuba, lo que hace un total de 1.062.
“El régimen, a pesar de estar en estos momentos pasando el Examen Periódico Universal, sigue encarcelando inocentes. Son 16 los nuevos prisioneros políticos en octubre para aumentar la cifra total a 1.062, entre los cuales hay 118 mujeres, dos mujeres trans, 34 menores de edad, 17 de ellos acusados de sedición; y un total de 224 procesados por sedición”, detalló a Infobae el presidente de la ONG, Javier Larrondo.
Luego hizo un pedido a los Estados miembros de la ONU para que sigan de cerca el caso cubano y se refirió a la inminente visita a la isla de Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos.
“Hacemos un llamado de atención a los representantes de las delegaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que reflejen la realidad de Cuba en sus apreciaciones, al igual que llamamos a Eamon Gilmore para que en su visita a Cuba se reúna públicamente con la sociedad civil y no a escondidas, lo cual provoca la represión del régimen y nula protección, como ha ocurrido en el caso de la intelectual socialista cubana Alina López”, completó.
Justamente, en su más reciente informe, Prisoners Defenders hizo hincapié en el caso de Alina Bárbara López Hernández, quien “será enjuiciada de forma sumaria y arbitraria”, denunció.
López Hernández —recoge el escrito— es una intelectual excepcional que hace gala de la misma asertividad y precisión en su defensa que de valentía. “Su juicio sumario estaba previsto para el 16 de noviembre. La mala coordinación de los jueces hizo que establecieran dicha fecha, pero el régimen ha llamado a consultas al tribunal, por esto de seguir escondiendo su verdadera personalidad ante las Naciones Unidas, como si de un caso se tratara; y ha pospuesto la vista oral y sumaria para el 28 de noviembre de 2023 a las 9:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Matanzas”, resaltó.
Luego recordó que el pasado 25 de mayo la doctora participó en La Habana en “un intercambio” privado con Josep Borrell, el Alto Representante para Política Exterior de la Unión Europea, quien, “siguiendo las órdenes, que así hay que denominar a las imposiciones ilegales del gobierno cubano, no se reunió de forma pública con ningún ciudadano crítico de la sociedad civil, y mantuvo reuniones a hurtadillas de la opinión pública”, narró la organización.
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