La Fiscalía de Guatemala formalizó su pedido de retiro de inmunidad a Bernardo Arévalo y desató una ola de condenas

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de Guatemala formalizó este viernes su pedido a la Corte Suprema de Justicia para el retiro de inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo; a su compañera de fórmula, Karin Herrera; y a por lo menos cinco diputados como Samuel Andrés Pérez Álvarez para que sean investigados en una causa del 2022.

El Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, había adelantado esta medida y hasta avanzó con allanamientos y detenciones de 28 personas -partidarios del Movimiento Semilla, universitarios, catedráticos y políticos opositores- acusados de delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias por los sucesos ocurridos en abril del año pasado.

Entonces, los estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala -la única pública del país- se pronunciaron en contra de la designación del rector Walter Mazariegos para el cargo, dado que se trató de una elección fraudulenta en la que sólo pudieron votar los afines a él. En respuesta, los alumnos tomaron la sede educativa, una iniciativa que fue respaldada por Arévalo y por lo que hoy se lo investiga.

Tras conocerse las primeras maniobras este jueves, Arévalo describió los sucesos como un “asalto a la democracia” y escribió en sus redes sociales que “las acciones del Ministerio Público contra miembros del Movimiento Semilla son espurias e inaceptables. Exigimos el respeto a la seguridad e integridad... de cualquier integrante del partido sometido a estos abusos, estaremos tomando las medidas para protegerlos y apoyarlos”.

Se sumó, poco después, una resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que llamó a los tres poderes guatemaltecos a cumplir con los resultados electorales, mientras que el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo que su país “condena los intentos para impedir que el Presidente electo tome posesión”.

Por su parte, este viernes Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres -que sigue de cerca los intentos del oficialismo por impedir la transición tal como manifestó el pueblo en agosto- expresó su preocupación por estos anuncios. “(Guterres) reitera su llamado a las autoridades a garantizar que se respete la voluntad democrática expresada a través de las urnas y a abstenerse de actos que puedan socavar el proceso democrático o que puedan constituir represalias por el ejercicio de los derechos humanos”, dijo.

Asimismo, líderes indígenas, que ya han salido en el pasado en defensa de Arévalo y en repudio de Porras y la cúpula de la Fiscalía, declararon que intensificarán sus protestas, que ya llevan más de un mes y medio. “Toda la información conocida públicamente ya no deja dudas del proceso de golpe de Estado y las intenciones de callar a toda voz disidente a la corrupción y la cooptación del Estado”, denunciaron en un texto firmado por la entidad Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew.

Un grupo de 16 organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos también se pronunciaron al respecto y manifestaron su “profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académica, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.

“Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024″, agregaron.

Desde que se conoció el triunfo de Arévalo, el oficialismo ha intensificado sus operaciones con las que busca a toda costa impedir el traspaso de mando, atentando así contra la voluntad del pueblo.

(Con información de AP y AFP)