El oro amazónico ilegal es un cáncer difícil de erradicar para Brasil

Según un nuevo estudio que acaba de publicar la Universidad Federal de Minas Gerais, al menos el 20% de la extracción de oro en Brasil es ilegal y la situación no ha mejorado desde 2022. El área de deforestación ilegal causada por la minería del oro fue del 19% en el primer semestre de este año. En 2022 fue del 20%. Según el autor del estudio, el investigador Rodrigo Bellezoni, “la minería de oro es impulsada por la demanda externa, pero principalmente por el valor del material precioso en el mercado internacional, y por lo tanto vemos un aumento de su valor en los últimos meses, lo que ha causado esta demanda y muy probablemente también la deforestación”. Por otro lado, los controles sobre la salida de oro de Brasil son cada vez mayores. En 2023, la Agencia Tributaria Federal incautó más de 300 kg de oro sólo en el Aeropuerto Internacional de San Pablo.

Mientras muchos se enriquecen con la producción ilegal de oro, son sobre todo las comunidades indígenas de la Amazonia las que pagan el pato. A finales de septiembre, la Policía Federal brasileña destapó tres operaciones, Eldorado, Emboabas y Lupi, que pusieron al descubierto una trama delictiva capaz de mover unos 6.000 millones de reales, unos 1.180 millones de dólares. A menudo, como reveló la operación Emboabas, el oro ilegal se envía a Europa, donde lo utilizan para fabricar anillos, collares, pendientes y relojes que luego se venden en las joyerías más lujosas del viejo continente. La Operación Eldorado reveló cómo en el estado brasileño de Roraima llega oro ilegal de los estados venezolanos fronterizos de Bolívar y Amazonas en cantidad, cuyos ingresos de venta en ese caso era utilizado para abastecer los supermercados y distribuidores de alimentos. Los principales investigados en la operación también estaban implicados en la minería ilegal en tierras yanomami, donde el presidente Lula declaró el estado de emergencia nacional al inicio de su mandato. Sin embargo, el problema afecta a toda la Amazonia.

Ayer, la Operación Metal Líquido contra la extracción ilegal de oro en el río Madeira, en Rondonia, a la frontera con Bolivia, destruyó la cifra récord de 144 dragas utilizadas por los mineros del oro, o garimpeiros como se les llama en portugués, que además de extraer oro ilegalmente vertían cantidades desproporcionadas de mercurio en el agua del río. Según las autoridades, cada embarcación utilizada contamina el agua con cerca de medio kilo de mercurio a la semana, además de emitir unas cuatro toneladas de contaminantes por la combustión de 1.000 litros de combustible cada siete días. A través de estas operaciones, los técnicos de la Policía Federal brasileña observaron la contaminación en el cuerpo de los indígenas que viven en las orillas de los ríos y consumen agua y pescado. Los niveles encontrados fueron tres veces superiores al límite indicado por la Organización Mundial de la Salud. Además, no sólo es tóxico el contacto directo con el mercurio, sino que el vapor puede depositarse en el agua del río y en el suelo de sus orillas. “Hemos conseguido el objetivo de reducir al mínimo la minería en los ríos que sólo causa daños a la población. En 2021, 121 dragas fueron destruidas, evitando la liberación de cerca de 450 kg de mercurio en la naturaleza”, dijo la Superintendente Regional de la Policía Federal de Rondonia, Larissa Magalhães Nascimento.

El uso incontrolado de mercurio en las explotaciones mineras también ha acabado con la vida en el río Tapajós, en el estado de Amazonas. Las investigaciones y análisis realizados con la etnia indígena Munduruku por la organización no gubernamental WWF y la Fundación Osvaldo Cruz (Fiocruz) revelaron que seis de cada diez personas tienen niveles de mercurio superiores a los límites de seguridad. Uno de cada cinco niños indígenas tiene problemas de neurodesarrollo. El problema radica en los peces que absorben el mercurio de los garimpeiros y son la principal fuente de proteínas del pueblo Munduruku. El análisis reveló que los 88 peces, pertenecientes a 18 especies diferentes, estaban contaminados con el metal pesado. La contaminación era entre cuatro y 18 veces superior a los límites de seguridad recomendados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA).

En agosto, un estudio titulado “Seguimos sufriendo: balance de los primeros meses de la emergencia yanomami”, elaborado por las principales asociaciones yanomami, hizo el balance del primer semestre de 2023. La denuncia fue clara: “Los políticos, los militares y las facciones criminales contribuyen a perturbar y retrasar aún más el proceso de expulsión de los mineros del oro”. En febrero, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) había elaborado una nota técnica, que preveía la entrega de más de 50.000 cestas de alimentos en el primer semestre del año. Se suponía que las Fuerzas Armadas se encargarían de transportar los alimentos en aviones militares. Sin embargo, sólo se entregó a los indígenas el 50% de lo previsto. Y en algunas regiones más remotas, según informes locales, no ha llegado nada.

El verdadero problema es que el crimen organizado sigue siendo el gran obstáculo para resolver ese drama de una vez por todas. De hecho, el mundo de los garimpeiros está impulsado por el narcotráfico, hasta el punto de que en la prensa brasileña ya se empieza a hablar de “narcogarimpeiros”. Una operación de la Policía Federal de 2021 contra el narcotráfico internacional, Narcos Gold, destapó una red que controlaba decenas de aeronaves y pistas clandestinas utilizadas para transportar oro y cocaína. Entre los líderes de la organización se encontraba un piloto que había sido detenido en 2004 por servir para Fernandinho Beira-Mar, jefe del segundo mayor grupo criminal de Brasil, el Comando Vermelho. El oro se ha convertido en una de las mejores formas de blanquear el dinero del narcotráfico utilizando la misma ruta y logística, lo que reduce los costos.

A esta deriva hacia la ilegalidad ha contribuido la ausencia de una legislación adecuada. La única ley existente hasta ahora, la 12.844/2013, ‘presume’ la legalidad del oro con la ‘buena fe’ del comprador, incluso sin prueba del origen del metal. El único requisito es que se indique el origen del oro en una factura en papel. Sin embargo, numerosas investigaciones han revelado fraudes en esas declaraciones y en la documentación. A finales de abril, el Supremo Tribunal Federal confirmó la decisión de uno de sus jueces, Gilmar Mendes, de suspender la “presunción de buena fe” y dio al gobierno de Lula 90 días para elaborar nuevas y estrictas normas para el comercio de oro, así como para dictar una Medida Provisional que aplicara la decisión del STF. En junio, Lula envió al Congreso el Proyecto de Ley 3025/23, que entre las principales medidas incluye la eliminación de la presunción de buena fe en la comprobación del origen del metal y hace obligatoria la emisión de facturas electrónicas en las transacciones de compra y venta. Pero a día de hoy la Medida Provisional ha caducado y el Proyecto de Ley está bloqueado en el Congreso, que aún no lo ha incluido en el orden del día para su debate y posterior votación. Tanto es así que el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, lo incluyó la semana pasada en la lista de asuntos considerados prioritarios por el gobierno Lula para los tres últimos meses del año.

Pero no basta con aprobar la ley. Los expertos proponen la creación de una base de datos digitalizada y descentralizada, gestionada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), pero a la que puedan acceder varios usuarios, garantizando la transparencia. La idea es que esta base de datos registre todas las etapas del viaje del oro dentro de una cadena de información inviolable, que impida la manipulación de la información y que vincule los registros entre sí a través de la tecnología blockchain. Entre las propuestas está también la de un código de barras para los lingotes de oro que permanezcan, aunque después el material precioso se funda o refine. Pero, sobre todo, es imprescindible una mayor implicación del Banco Central y de la Comisión del Mercado de Valores (MVC), encargados de la fiscalidad de las empresas de distribución de títulos y valores. Se trata de sociedades financieras autorizadas a realizar la primera compra del metal. Al menos tres de estas empresas tienen procesos en la justicia federal por delitos ambientales o lavado de dinero. Una investigación de Reporter Brasil había denunciado cómo, gracias a este sistema completamente vulnerable, el oro ilegal de la Amazonia había acabado sin saberlo en los productos de grandes multinacionales estadounidenses.

A eso hay que agregar otra amenaza que se cierne sobre Brasil y es la de la minería en aguas profundas para la que no existe ninguna regulación. Aunque Brasil, junto con otros países, ha propuesto una moratoria de al menos 10 años para realizar más estudios sobre el impacto de esta minería en la biodiversidad y los ambientes salinos, en julio la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA en inglés) tras dos semanas de reuniones en Jamaica se vio presionada por la isla de Nauru, en el Pacífico, que exigió que se presentara una normativa antes de 2025. La ISA, la agencia afiliada a la ONU que promueve y gestiona la minería en aguas internacionales bajo el derecho del mar, desde 2014 permite a las empresas mineras solo explorar los recursos de las profundidades marinas, pero prohíbe cualquier explotación comercial.