
(Desde Montevideo, Uruguay) - La Rendición de Cuentas del gobierno de Luis Lacalle Pou incluirá la creación de un nuevo delito para los padres que no paguen la pensión alimenticia de sus hijos. Quienes incumplan con la normativa podrán ser castigados con una pena de tres a 12 meses de prisión, según el texto a consideración de los legisladores.
“El que está obligado judicialmente al pago de una pensión alimenticia en favor de sus hijos menores, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlo sin causas justificadas, será castigado con una pena de tres a 12 meses de prisión”, dice uno de los artículos del proyecto de ley, que se sumaría al Código Penal uruguayo.
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La redacción propuesta además incluye como agravante de este nuevo delito el “empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento del pago de la pensión alimenticia” y la destrucción o daño de su patrimonio para eludir el cumplimiento del pago de la pensión alimenticia, según consignó El País.
La Rendición de Cuentas incluye otras sanciones complementarias. Uno de los artículos dispone que si se incumple con la prestación, un juez podrá decretar la suspensión de la libreta de conducir por hasta seis meses, el cierre de fronteras, el embargo y secuestro de los bienes del deudor alimentario y cualquier otra medida que permita la identificación del padre que está en falta.
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Cuando entre a regir la modificación legal, se considerará deudor a quien deba más de tres cuotas alimenticias –total o parcialmente, sin importar si se trata de alimentos provisorios o definitivos– y no haya probado que carece de recursos para hacer frente a las obligaciones. Para que se configure el delito, el deudor tiene que tener una sentencia judicial que lo condene y una intimación previa de pago.
La senadora del oficialista Partido Nacional Carmen Asiaín fue la impulsora de estas modificaciones en la ley. El objetivo es que “sea más fácil la ubicación del padre” en los casos que deba pagar pensión alimenticia, dijo la legisladora a El Observador. Las medidas que se crean son para “constreñir” y “molestar” a quien eluda intencionalmente el pago de la pensión alimenticia. “Es para los que se hacen los vivos”, dijo Asiaín.
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La senadora explicó que se crea un “delito autónomo” en el Código Penal, que hoy ya está contemplado en la omisión de los deberes de la patria potestad, aunque los fiscales no suelen recurrir a esta opción.
“Lo que se hace es incluir un delito específico. Aunque es excarcelable, son medidas que tienden más a molestar al deudor”, explicó Asiaín. La legisladora comentó que trabajó en esta propuesta junto a jueces de los Juzgados de Familia. Por ejemplo, si un deudor se presenta en una oficina pública para hacer un trámite, el funcionario que lo atienda le indicará que está en el registro de incumplidores y le pedirá un domicilio para poder ubicarlo.
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En declaraciones a Subrayado, Asiaín comentó que con estos artículos no se pretende “perseguir al pobrecito que está enfermo y que no tiene trabajo hace tiempo”. “Es para el que pudiendo, no cumple”, expresó.
El proyecto de Rendición de Cuentas fijó un mínimo de ingresos (hoy equivalente a USD 147) a partir del que los padres deberán transferir la pensión alimenticia a sus hijos.
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La coalición de gobierno anunció la semana pasada que había acuerdo entre los partidos que la integran para aprobar la Rendición de Cuentas. Cabildo Abierto –el socio más a la derecha de los cinco gobernantes– había condicionado su voto a que se destinen 700 millones de pesos uruguayos (unos USD 18 millones) para otorgar un aumento de los salarios de los militares, un pedido que finalmente fue contemplado.
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