(Desde Montevideo, Uruguay) - Uruguay aprobó en 2012 la despenalización del aborto a través de una ley que buscó ampliar los “derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres y reducir la mortalidad materna por procedimientos ilegales realizados en condiciones de riesgo. A 10 años de la reforma legal realizada durante el gobierno de José Mujica, desde la academia evalúan que la normativa cumplió con su objetivo y sugieren cambios, como la ampliación del tiempo de gestación en el que la interrupción voluntaria del embarazo es legal.
La ley establece que no será delito el aborto cuando se cumplen con determinadas condiciones y procedimientos y cuando la interrupción se realiza antes de la semana 12 de gestación. De este período se eximen los casos de riesgo grave de salud de la mujer, de violación y los de malformaciones incompatibles con la vida después de nacer.
Verónica Fiol, profesora de la Clínica de Ginecotología de la Facultad de Medicina, consideró que esta ley fue “innovadora” a nivel regional pero tiene aspectos a mejorar, según declaró al noticiero Subrayado de Canal 10. El período máximo que ampara la ley para las situaciones generales es uno de los elementos a corregir. “Creemos que se debería ampliar ese plazo hasta las 14 semanas, con el objetivo de poder incluir a más mujeres”, sugirió la profesora de la Universidad de la República.
La académica indicó como otro de los aspectos a mejorar de la ley es que incluya a las mujeres migrantes. La normativa indica que podrán abortar si tienen una residencia en el país mayor a un año, lo que lleva a “muchas desigualdades”.
“Muchas mujeres tienen que exponerse a la interrupción por fuera de la ley de sus embarazos porque no llegan a ese año de residencia. Nuestra corriente migratoria ha cambiado mucho en los últimos años, lo que hace que tengamos mujeres jóvenes y sanas que se embarazan y que están hace menos de un año en el país”, expresó Fiol.
En 10 años, se practicaron 10 abortos cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años, lo que ubica a Uruguay con la tasa de América Latina y el Caribe donde solo cuatro países tienen una legislación similar, según informó Búsqueda. Estos números son similares a los que se registran en Europa.
“La síntesis es que se cumplió en estos 10 años con lo que habíamos planteado hace 13, cuando comenzamos a impulsar la despenalización del aborto”, declaró Leonel Briozzo, grado 5 de Ginecología y vice ministro de Salud Pública cuando se aprobó la ley.
Al final de la década de 1990, los abortos practicados en condiciones de riesgo eran la principal causa de muertes maternas al representar cerca del 30% de los fallecimientos. Entre 2001 y 2012, esa cifra se redujo al 14% y en la actualidad es de 5%, según un estudio presentado por este especialista.
Una de las conclusiones del estudio es que su práctica es infrecuente. Durante la discusión “se llegó a decir que en este país poco menos que las mujeres iban a salir corriendo a hacerse uno”, recordó Briozzo.
Otro de los datos que arroja el análisis es que hay paridad entre las interrupciones que se practican en el sector público y las que se hacen el el privado y que tampoco hay grandes diferencias entre quienes se lo realizan en Montevideo y quienes abortan en el interior del país.
En el período 2013-2022, los servicios de interrupción del embarazo de los prestadores de salud de Uruguay estuvieron en contacto con 101.671 mujeres embarazadas. Una minoría de este total (6%) decidió continuar con el embarazo tras las primeras consultas a los profesionales. El restante 94% pasó a la tercera etapa del proceso, en la que inician las consultas con el ginecólogo luego de transcurrido el período de reflexión legal.
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